Montero y Belarra blindan su boicot a La Vuelta con un escolta ultra
Montero y Belarra, lejos de mantener el perfil institucional que cabría esperar tras su paso por el Gobierno, han optado por convertirse en agitadoras callejeras. Su presencia en la protesta no fue casual ni testimonial: alentaron un boicot que acabó con 22 policías heridos y dos detenidos
La escena resultaba difícil de creer hasta para los observadores más acostumbrados a la política española: Irene Montero e Ione Belarra, exministras y figuras destacadas de Podemos, aparecían en las protestas que boicotearon la llegada de La Vuelta a Madrid rodeadas por miembros de los Bukaneros, el grupo ultra del Rayo Vallecano de conocida militancia radical. Entre ellos, estaba Erlantz Ibarrondo, abogado y referente en causas de extrema izquierda, que actuaba como uno de sus principales acompañantes.
Las imágenes no dejan lugar a dudas: los radicales formaron un cordón humano, rodeándolas con los brazos extendidos para protegerlas. El mensaje simbólico es demoledor. Dos exministras de un Gobierno de España que han disfrutado de escolta oficial, con la obligación institucional de defender la legalidad y el orden constitucional, eligen ahora sustituir a policías profesionales por militantes ultras de una hinchada conocida por su historial violento.
De ministras del Consejo de Ministros a iconos antisistema
Montero y Belarra, lejos de mantener el perfil institucional que cabría esperar tras su paso por el Gobierno, han optado por convertirse en agitadoras callejeras. Su presencia en la protesta no fue casual ni testimonial: alentaron un boicot que acabó con 22 policías heridos y dos detenidos. No se trató de una sentada pacífica ni de un gesto simbólico, sino de un enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad que intentaban garantizar el desarrollo de un evento deportivo de primer nivel internacional.
Resulta paradójico: quienes hace apenas un año exigían respeto para sus dispositivos oficiales de seguridad ahora se arropan con ultras para señalar, jalear y enfrentar a los mismos policías que todavía ayer velaban por su seguridad. Una deriva política y moral que debería hacer saltar todas las alarmas.
El aval a la violencia y la normalización del extremismo
La presencia de los Bukaneros como “escolta” de Montero y Belarra no es un accidente aislado, sino la enésima muestra de una estrategia política calculada: abrazar a los sectores más radicalizados como nueva base social tras el desplome electoral de Podemos. La foto con los brazos extendidos de sus protectores ultras no solo refleja la escena de un boicot callejero; es la instantánea de una apuesta peligrosa: la normalización de la violencia como herramienta política.
Que dos exministras legitimen con su presencia a un grupo con un largo historial de incidentes violentos en estadios y en la calle supone una degradación inédita de la política española. Es un mensaje envenenado: si las instituciones ya no me sirven, me rodeo de quienes las desafían.
La erosión de la credibilidad democrática
El problema trasciende lo anecdótico. Montero y Belarra no son dos activistas anónimas, sino exintegrantes del Consejo de Ministros. Su comportamiento erosiona la credibilidad de las instituciones democráticas y transmite a la opinión pública —y a sus seguidores— que desafiar a la ley y a las fuerzas del orden es legítimo si se hace en nombre de una causa política.
En cualquier democracia madura, unas imágenes así provocarían una condena unánime. Aquí, sin embargo, la reacción ha sido tibia, como si la ciudadanía tuviera que acostumbrarse a que exministras actúen como portavoces de la insumisión callejera.
El salto definitivo al radicalismo
La escena de Montero y Belarra en La Vuelta pasará a la historia como un símbolo. El símbolo del salto definitivo de dos políticas que, tras perder el poder, han optado por abrazar la marginalidad y rodearse de ultras como nueva escolta. Un símbolo de la banalización de la violencia y de la irresponsabilidad política.
La pregunta ya no es qué hacen ellas. La pregunta es qué hará la sociedad española —y sus instituciones— ante este desafío. Porque si se permite que exministras legitimen a grupos ultras y alienten protestas violentas sin consecuencias, el mensaje será devastador: que en España todo vale, incluso usar a radicales callejeros como guardaespaldas de lujo para quien ayer ocupaba un sillón en el Consejo de Ministros.
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