Junts pacta con Pedro Sánchez la obligación para las grandes empresas de atender en catalán a los clientes

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a ceder ante las exigencias del independentismo catalán. En esta ocasión, el acuerdo alcanzado con Junts per Catalunya introduce en la futura Ley de Atención al Cliente la obligación de que las grandes empresas garanticen el derecho a ser atendido en catalán, incluso fuera de Cataluña.

Se trata de un paso más en la agenda lingüística separatista que busca extender las fronteras políticas a través de la lengua, utilizando al consumidor como campo de batalla.

Una imposición con apariencia de derecho
El Ejecutivo socialista presenta este pacto como un avance en los “derechos lingüísticos de los ciudadanos”. Sin embargo, la medida encierra más imposición que libertad. Se obliga a todas las empresas con más de 250 trabajadores o 50 millones de facturación —sin importar su sede o el lugar de prestación del servicio— a disponer de personal formado en catalán y capaz de atender en esa lengua.

No hablamos de pymes locales ni de negocios de proximidad, sino de gigantes de sectores estratégicos —telecomunicaciones, banca, energía, transporte— que deberán reorganizar su estructura, contratar o formar personal y adaptar comunicaciones, todo para satisfacer una exigencia política de Junts, no una necesidad real del mercado.

El coste oculto para la competitividad
Mientras el Gobierno promete “blindar derechos”, el precio lo pagan las empresas y, en última instancia, los consumidores. El nuevo marco legal genera costes añadidos para compañías que ya lidian con inflación, presión fiscal y burocracia. La obligación de contar con personal capacitado en catalán, también en oficinas fuera de Cataluña, supone un nuevo obstáculo a la competitividad y un incentivo a trasladar operaciones a países con marcos regulatorios más sencillos.

¿Quién asumirá el sobrecoste de la formación obligatoria? ¿Qué ocurre con empresas que operan en múltiples comunidades autónomas? ¿Qué nivel de control impondrá la Administración central para vigilar el cumplimiento? Preguntas sin respuesta clara, pero con un efecto evidente: más inseguridad jurídica.

Una agenda al servicio del separatismo
Junts ha vendido el acuerdo como un “cambio de paradigma”. Y no se equivocan. No es solo una norma de consumo, sino una herramienta política. El catalán se convierte en símbolo de poder, en una forma de trasladar la hegemonía separatista más allá de Cataluña.

La lengua, que debería ser patrimonio común de quienes la hablan y un valor cultural, se instrumentaliza para marcar diferencias y proyectar fronteras invisibles. Sánchez lo sabe, pero el precio de su permanencia en La Moncloa pasa por aceptar que la política lingüística catalana se extienda por todo el Estado.

Centralismo inverso: imponer desde la periferia
Lo paradójico es que, bajo la bandera de la diversidad, se construye un sistema más centralista que nunca: no ya desde Madrid hacia las comunidades, sino desde Cataluña hacia todo el país. La norma no se limita a proteger derechos en su territorio, sino que obliga a adaptar a toda España a los dictados del nacionalismo catalán.

El castellano, lengua oficial común, retrocede en la práctica ante el poder de un independentismo que sabe aprovechar su posición de fuerza parlamentaria. Y lo hace con la complicidad de un Gobierno que confunde la igualdad de derechos con la imposición de privilegios.

Una cesión más en una larga lista
El acuerdo se suma a la amnistía, al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso o a las negociaciones sobre financiación singular. Cada concesión erosiona un poco más la cohesión nacional y transmite la idea de que el separatismo siempre gana, mientras el resto de españoles asumen los costes.

Hoy es la obligación de atender en catalán. Mañana, ¿qué será? ¿La extensión del modelo de inmersión educativa a todo el país? ¿La obligación de rotular en catalán en cualquier comercio que opere en internet? El camino está abierto.

 El pacto entre Sánchez y Junts no es un gesto hacia la convivencia, sino un ejemplo más de cesión política envuelta en retórica de derechos. Se impone a las empresas, se encarece la actividad económica y se alimenta la agenda separatista.

El Gobierno debería defender un marco de igualdad real en todo el país, con respeto y promoción de la diversidad cultural, pero sin convertirla en arma de presión. Cada paso en dirección contraria es otra grieta en el edificio de la convivencia.

España no necesita más concesiones a quienes buscan dividirla. Necesita seguridad jurídica, libertad de empresa y una visión común que supere la lógica de chantaje parlamentario.

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