Agente retirado tras agresión grave: «El Ejecutivo avala a los que me arruinaron la vida»

El 17 de enero de 2019 marcó un antes y un después en la vida de O. M., un agente antidisturbios destinado en Zaragoza. Aquella tarde, participaba en el dispositivo de seguridad desplegado ante la protesta organizada contra un mitin de Vox en el Auditorio de la capital aragonesa.

Lo que comenzó como una concentración derivó rápidamente en violencia: barricadas improvisadas, piedras y adoquines lanzados contra policías, transeúntes y vehículos. Siete agentes resultaron heridos, pero ninguno con tanta gravedad como O. M., que acabó en el quirófano en seis ocasiones y se vio forzado a jubilarse prematuramente, con apenas 45 años.

Sus secuelas son irreversibles: dolor crónico, movilidad reducida y la amarga certeza de que su vocación fue rota en pedazos por la violencia callejera. “Me forzaron a la jubilación”, explica. Una incapacidad total que no solo lo apartó del servicio, sino que condiciona cada gesto cotidiano de su vida.

Una condena firme, un indulto vergonzoso
En 2024, el Tribunal Supremo dictó sentencia: cuatro manifestantes responsables de la agresión fueron condenados a cuatro años y nueve meses de prisión por delitos de desórdenes públicos agravados, atentado y lesiones. Una resolución que, pese a la contundencia de los hechos y la dureza de las consecuencias, ha sido socavada por la decisión política del Ejecutivo.

El Consejo de Ministros ha concedido el indulto parcial a dos de los condenados, Javier Ajijón y Adrián Latorre, reduciendo la pena que cumplían en prisión. Lo ha hecho, además, con el respaldo del Ministerio de Justicia, que presentó la medida como un acto avalado por la Fiscalía y el tribunal sentenciador. El mensaje implícito es claro: se puede agredir a la Policía y salir beneficiado si los intereses políticos así lo requieren.

El malestar en las filas policiales
Entre los sindicatos de la Policía Nacional la indignación es absoluta. Hablan de una humillación institucional y de un precedente peligroso: “Se transmite a la sociedad que atacar a un agente no tiene consecuencias reales si se reviste de causas políticas”. El Gobierno, en lugar de proteger a quienes garantizan el orden público, opta por socavar la autoridad de las sentencias judiciales y restar legitimidad al trabajo policial en las calles.

No se trata solo de una medida de gracia mal entendida. Es, en la práctica, un premio a los agresores y una nueva herida para las víctimas. O. M. lo expresa con claridad: el indulto “desvirtúa lo que debería ser un acto excepcional de arrepentimiento y reparación”. Nadie de los condenados se ha preocupado por su estado, nadie ha compensado los daños causados. Y, sin embargo, han recibido el perdón del Gobierno.

El abandono del Ministerio del Interior
A esta humillación se suma el desamparo institucional que el propio agente denuncia. Interior, lejos de reconocer sus méritos o siquiera admitir oficialmente sus lesiones como acto de servicio, ha intentado esquivar responsabilidades. Ni una medalla, ni un agradecimiento público, ni la ejecución de la sentencia que le daba la razón en su batalla judicial para que se reconociera su incapacidad en acto de servicio.

El caso de O. M. es el reflejo de una política que da la espalda a quienes ponen el cuerpo en primera línea. Mientras Interior evita reconocer la profesión policial como de riesgo, las agresiones se disparan: en 2024 se registraron 16.788 ataques a agentes, un 30% más que antes de la pandemia. Y pese a estas cifras alarmantes, el Ejecutivo opta por tender la mano a los violentos en lugar de proteger a sus servidores públicos.

Una sociedad desprotegida
El indulto a los agresores de Zaragoza no es un hecho aislado, sino un síntoma de un Gobierno más preocupado por contentar a determinados sectores políticos y sociales que por garantizar la seguridad de los ciudadanos y el respeto a la ley.

Se erosiona la autoridad policial, se debilita el principio de justicia y se lanza un mensaje de impunidad que alienta a quienes creen que la violencia es un instrumento legítimo de acción política.

Mientras un agente mutilado de por vida depende de medicación y cirugías para soportar el dolor, quienes lo atacaron disfrutan del perdón gubernamental. El contraste es tan hiriente como revelador.

El indulto no es aquí un gesto de reconciliación, sino una afrenta. Un insulto para las víctimas, un mazazo para los cuerpos de seguridad y un peligro para la sociedad en su conjunto. El Gobierno, al tomar esta decisión, no solo ha fallado a un policía destrozado por cumplir con su deber; ha fallado al principio mismo de justicia y al compromiso elemental de proteger a quienes nos protegen.

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