El timo de los Menas: Fiscalía revela que la mayoría son mayores de edad y hombres

Este dato desmonta la narrativa oficial que durante años ha defendido la izquierda y sus socios. Mientras se presentaba la acogida de los llamados “menores no acompañados” como una cuestión humanitaria, la realidad muestra un sistema colapsado, con graves fraudes y sin control efectivo.

Datos oficiales: sólo el 47% eran menores
Según la Fiscalía General del Estado, entre 2019 y 2024 llegaron a España 22.390 supuestos menores no acompañados (Menas). De ellos:

47% sí eran menores o podían serlo.
30% eran adultos infiltrados en el sistema (7.811 casos).
23% de expedientes se archivaron porque los migrantes huyeron antes de someterse a pruebas.

Estos números confirman que el timo de los menas es una realidad que afecta a la seguridad, a los recursos públicos y a la confianza de los españoles en las instituciones.

En provincias como Almería, Málaga o Canarias, la saturación obligó a usar radiografías de muñeca para comprobar edades. Pese a estar avaladas judicialmente en situaciones de emergencia, estas pruebas fueron criticadas por sectores ideologizados que prefieren mirar hacia otro lado.

Un perfil que levanta sospechas
El informe de la Fiscalía también revela un dato inquietante: más del 93% de los llegados eran varones entre 2019 y 2024, procedentes principalmente de Marruecos, Malí y Argelia.

Este perfil cuestiona la versión oficial de que se trata de niños vulnerables huidos de la guerra. Al contrario, apunta a redes migratorias organizadas que envían a jóvenes en edad militar para infiltrarse en Europa.

Actualmente, España acoge a 19.000 menas, con un 94% de varones, lo que multiplica la presión sobre los sistemas de acogida. Este modelo no es sostenible y agrava los problemas de seguridad en barrios ya castigados por la delincuencia.

Así se demuestra que el timo de los menas no es sólo un fraude estadístico, sino una amenaza para la cohesión social y la seguridad nacional.

La coalición PP y PSOE
Ante esta situación, expertos, policías exigen implantar pruebas de edad sistemáticas a todos los inmigrantes que aleguen ser menores. La medida busca garantizar que los recursos públicos se destinen realmente a niños y no a adultos que abusan del sistema.

Sin embargo, tanto PP como PSOE rechazan esta propuesta con el pretexto de “razones humanitarias y legales”. Una vez más, el régimen partitocrático PP-PSOE se pliegan al discurso progre-globalista y dejan desprotegidos a los españoles.

El Gobierno de Pedro Sánchez incluso mantiene en secreto el destino de los menas trasladados desde Canarias, lo que genera más opacidad y sospechas. Algunas comunidades, como Castilla-La Mancha, han llegado al Tribunal Constitucional para frenar el reparto forzoso de menas impuesto por el Ejecutivo.

Esta postura complaciente de PP y PSOE demuestra que ambos partidos son cómplices de el timo de los menas.

Estrategias de fraude que colapsan el sistema
Los informes de la Fiscalía también detallan nuevas prácticas de fraude:

Adultos expulsados que regresan alegando minoría de edad.
Migrantes ilegales que se hacen pasar por menores para obtener asilo rápido.
Casos en Canarias y Alicante en los que se solicitaba tutela para conseguir pasaportes exprés.

La falta de coordinación entre comunidades autónomas, ONGs y la propia Fiscalía agrava el problema. Miles de jóvenes desaparecen de los centros antes de someterse a pruebas, creando un vacío legal que favorece la impunidad.

Lejos de reforzar controles, el Gobierno fomenta la llegada masiva, mientras asociaciones subvencionadas se benefician de este negocio de la inmigración. El timo de los menas se convierte así en una industria bien financiada a costa de los contribuyentes

Los datos de la Fiscalía confirman lo que muchos advertimos desde hace años: el timo de los menas es una estafa política, económica y social. Con sólo un 47% de verdaderos menores, el resto del sistema se ha convertido en un coladero para adultos que abusan de los recursos y ponen en riesgo la seguridad de los españoles.

Es urgente adoptar medidas firmes: pruebas de edad obligatorias, transparencia en el reparto, cierre de centros desbordados y la defensa del interés nacional por encima de la ideología.

Mientras, PP y PSOE cierran los ojos. España no puede seguir sosteniendo este fraude.

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