Portugal rechaza pagar el vuelo de vuelta a sus deportados de la flotilla como ha hecho Sánchez

El Gobierno de Portugal ha pasado a sus cuatro nacionales integrados en la flotilla de Gaza la factura de los vuelos de regreso a su país. Así lo ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores luso, que informó de que el coste de los billetes fue adelantado por su personal consular en Israel, al no haber podido contactar con los activistas durante su deportación.

 Lisboa sostiene que estos gastos deben ser asumidos por cada ciudadano, en cumplimiento de la normativa consular portuguesa, que establece la obligación de reembolsar los costes derivados de repatriaciones no motivadas por catástrofes o conflictos.

Los cuatro activistas portugueses regresaron el pasado domingo en vuelos comerciales pagados temporalmente por el Estado.

 Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con los participantes españoles de la misma expedición, no les saldrá gratis: el Ministerio de Exteriores de Portugal les ha remitido una carta y un formulario para que efectúen el reembolso de los billetes de inmediato. Según el comunicado oficial, el adelanto del dinero se debió únicamente a «razones logísticas y prácticas», ya que los deportados no tenían acceso a medios de pago durante su traslado forzoso desde Israel.

 El Ejecutivo luso insiste en que la misión de la flotilla, su detención y la posterior deportación son «responsabilidad exclusiva» de los implicados, y recuerda que la ley prevé que los gastos consulares deben ser abonados por el propio interesado. En España, sin embargo, el tratamiento ha sido muy diferente.

El Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares ha optado por asumir íntegramente los costes del retorno de los 65 activistas españoles —la mitad repatriados en vuelos comerciales y el resto a bordo de un avión militar enviado a Atenas— sin exigir compensación alguna.

 La decisión ha generado polémica política. VOX ha acusado al Gobierno de incurrir en un presunto delito de malversación al sufragar con fondos públicos un operativo que, en su opinión, debería haber sido costeado por los propios participantes. Además, recuerdan que tanto Israel como el propio Ejecutivo español habían advertido con antelación a los activistas de que desistieran en su intento de acceder a la Franja de Gaza.

Fuentes de Exteriores justifican la excepción alegando que los españoles deportados se encontraban «en situación de vulnerabilidad extrema», retenidos contra su voluntad y sin capacidad para gestionar su retorno. Añaden que el Estado puede cubrir los gastos de repatriación cuando concurren circunstancias de riesgo o necesidad urgente, una práctica que ya se aplicó en crisis recientes en países como Irán, Libia o Gaza.

No obstante, en este caso no se trató de una evacuación por conflicto armado, sino de una deportación, por lo que la aplicación de esta norma resulta discutible.

La legislación española establece que las ayudas consulares pueden otorgarse con carácter excepcional en forma de préstamo reembolsable, salvo que se acredite que el beneficiario carece de recursos o que el reintegro supondría una carga desproporcionada. En situaciones ordinarias, los ciudadanos deben firmar un compromiso formal de devolución en el plazo máximo de un año, algo que —según fuentes diplomáticas— no se exigió a los miembros españoles de la flotilla.

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