Un socio académico de Begoña Gómez fue premiado con más de 117.000 euros en subvenciones del propio Ejecutivo
Entre los interlocutores habituales de la asesora figura Pacto Mundial Red España, una entidad que promueve la sostenibilidad corporativa y la responsabilidad social empresarial, actuando como plataforma de enlace entre compañías privadas, organismos públicos y la sociedad civil
Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto de manifiesto la supuesta implicación de la asesora de la Presidencia del Gobierno en la gestión de actividades privadas relacionadas con los proyectos académicos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Ejecutivo.
Según la documentación remitida a los investigadores, la funcionaria Cristina Álvarez habría mantenido una participación activa en la organización y desarrollo de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), institución en la que Gómez ejercía como codirectora.
El informe destaca el intercambio de numerosos correos electrónicos entre Álvarez y diferentes colaboradores de la cátedra, comunicaciones que, de acuerdo con las pesquisas, se realizaron a través de una cuenta personal de correo electrónico y no mediante los canales oficiales de la Administración.
Colaboraciones y entidades implicadas
Entre los interlocutores habituales de la asesora figura Pacto Mundial Red España, una entidad que promueve la sostenibilidad corporativa y la responsabilidad social empresarial, actuando como plataforma de enlace entre compañías privadas, organismos públicos y la sociedad civil.
El informe de la Guardia Civil identifica comunicaciones entre Álvarez y responsables de esta organización en torno a proyectos vinculados con la cátedra universitaria, así como a la elaboración de documentos y acuerdos de colaboración.
Subvenciones públicas recibidas por Pacto Mundial Red España
Los investigadores señalan que Pacto Mundial Red España ha recibido más de 117.000 euros en ayudas públicas procedentes de distintos ministerios entre 2021 y 2024. Estas subvenciones, registradas en la base de datos del Ministerio de Hacienda como entregas dinerarias sin contraprestación, habrían tenido por objeto financiar actividades relacionadas con la Agenda 2030, la economía social o la promoción de los derechos humanos.
Las ayudas se distribuyen en ocho concesiones otorgadas por tres departamentos gubernamentales:
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, durante el mandato de Alberto Garzón.
Ministerio de Trabajo y Economía Social, bajo la dirección de Yolanda Díaz.
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dirigido por José Manuel Albares.
La primera tanda de subvenciones, por un importe global superior a 41.000 euros, fue concedida entre noviembre y diciembre de 2021. En 2022, la entidad recibió otra ayuda de 11.788,40 euros, destinada a sufragar actividades de fomento de la economía social y de la responsabilidad empresarial.
El informe destaca que esta segunda ayuda coincidió temporalmente con la remisión a la UCM de una adenda firmada entre la cátedra dirigida por Gómez y Pacto Mundial Red España, documento que habría sido gestionado por la propia asesora investigada.
Posteriormente, la organización volvió a ser beneficiaria de nuevas subvenciones en septiembre de 2023 y septiembre de 2024, en esta ocasión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la finalidad de impulsar proyectos de divulgación y promoción de los derechos humanos.
Coincidencias temporales y seguimiento de las actividades
La Guardia Civil considera relevante la sucesión cronológica de estos hechos. En particular, señala que la última de las ayudas —concedida el 16 de septiembre de 2024— se produjo apenas unas semanas antes de que la Universidad Complutense cancelara el Máster en Dirección de Captación de Fondos, otro de los programas impulsados por Begoña Gómez.
El centro académico comunicó el 7 de octubre de ese mismo año la suspensión del título, alegando falta de matriculación suficiente. La decisión afectó a más de medio centenar de estudiantes y se enmarcó en una revisión global de la oferta de posgrado, que incluyó la cancelación de otros siete programas.
Tras conocerse la noticia, Gómez expresó públicamente su malestar, asegurando que la medida no respondía a motivos académicos ni económicos. En un mensaje difundido en redes profesionales, lamentó las consecuencias para los alumnos y les animó a continuar su formación en el ámbito del fundraising y la captación de fondos.
La situación judicial y política
El contenido del informe de la UCO se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre la actividad profesional de Begoña Gómez y su entorno, especialmente en lo relativo a posibles conflictos de interés entre su labor académica y las relaciones con empresas o entidades beneficiarias de contratos o subvenciones públicas.
Las diligencias se encuentran en fase de análisis y, según fuentes próximas al caso, el objetivo de los agentes es aclarar el alcance de las colaboraciones entre la asesora gubernamental, la cátedra universitaria y las entidades privadas implicadas.
La coincidencia de subvenciones, acuerdos y colaboraciones institucionales ha situado de nuevo bajo la lupa la actividad académica de la esposa del presidente. Desde distintos sectores se reclama transparencia en los procesos de concesión de ayudas y en la delimitación de los roles entre la esfera pública y la privada cuando confluyen cargos vinculados al Gobierno.
La investigación continúa abierta, y se espera que en las próximas semanas la Guardia Civil amplíe la información recabada a través de nuevas diligencias documentales y testimoniales.
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