El Gobierno impone por decreto el menú halal en los colegios bajo su control

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha introducido en seis centros educativos de Ceuta la obligación de ofrecer menús elaborados conforme a las normas halal, es decir, aquellos que respetan los preceptos alimentarios del islam. La medida afecta a los comedores escolares donde acuden alumnos becados y matriculados en estos colegios públicos, y se formaliza a través de un contrato publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Un contrato que establece criterios alimentarios específicos
El documento oficial establece las condiciones técnicas del suministro de alimentos y otros bienes fungibles destinados a los comedores escolares. Entre los requisitos más destacados figura la obligación de que toda la carne servida sea halal y la prohibición expresa del uso de carne de cerdo. Asimismo, se determina que el aceite empleado deberá ser de oliva y se recomienda reducir el contenido de sal en las preparaciones. También se excluye el uso de especies como la panga o la perca, por motivos tanto nutricionales como medioambientales.

El pliego técnico añade que los centros deberán disponer de menús alternativos por motivos de salud, éticos o religiosos. En esos casos, los alimentos sustituidos tendrán que mantener un valor nutricional equivalente para garantizar dietas equilibradas a todos los alumnos. Con ello, el Gobierno pretende asegurar una alimentación adaptada a las diversas realidades culturales y religiosas presentes en el sistema educativo.

Contexto legal y nuevo marco normativo
La medida se sustenta en un Real Decreto aprobado por el Ejecutivo central en abril de 2025, que actualiza la normativa sobre seguridad alimentaria y nutrición en los centros educativos. En su artículo 10, el texto establece que las escuelas “deberán disponer de menús especiales para el alumnado que lo requiera por motivos éticos o religiosos”. Este cambio supone una ampliación respecto a la regulación anterior, vigente desde 2011, que no hacía referencia explícita a la alimentación basada en convicciones religiosas.

El nuevo marco normativo tiene aplicación directa en las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, donde las competencias educativas dependen todavía del Gobierno central. En el resto de comunidades autónomas, las adaptaciones a este decreto se gestionarán dentro de las competencias regionales.

Petición de la Comisión Islámica y reconocimiento de la diversidad
La decisión gubernamental llega tras varias solicitudes de la Comisión Islámica de España, que venía reclamando desde hace años la introducción de menús halal en los colegios públicos y concertados del país. Según este organismo, el objetivo no es imponer una dieta religiosa, sino permitir que los alumnos musulmanes puedan mantener sus costumbres alimentarias sin verse excluidos del servicio de comedor.

En la misma línea, la Comisión ha propuesto que se permita el uso del hiyab —el pañuelo que cubre el cabello— en los centros educativos, siempre que el rostro permanezca completamente visible. Este planteamiento se ampara en el principio de libertad religiosa y en la Ley Orgánica de Educación, que recoge el deber de las administraciones de garantizar la igualdad y la no discriminación dentro del ámbito escolar.

Un debate entre inclusión y neutralidad
La implantación del menú halal ha generado debate político y social. Sus defensores argumentan que la medida refuerza la inclusión educativa y el respeto a la diversidad cultural y religiosa, especialmente en territorios como Ceuta, donde la población musulmana tiene un peso demográfico significativo. Consideran, además, que la decisión no afecta a quienes no siguen las normas del islam, ya que los menús siguen siendo equilibrados y saludables.

Por otro lado, algunos sectores han expresado su preocupación por lo que perciben como una cesión del Estado a las demandas de una confesión religiosa concreta. Desde esa perspectiva, la obligación de servir alimentos halal en todos los menús podría interpretarse como una vulneración del principio de neutralidad del Estado en materia religiosa.

Alimentación, convivencia y políticas públicas
Más allá del debate político, la medida pone de relieve el creciente esfuerzo por adaptar las políticas públicas a una sociedad plural. La convivencia en el ámbito educativo, especialmente en zonas con diversidad cultural como Ceuta, exige políticas sensibles que garanticen tanto la igualdad de derechos como la cohesión social.

El Ministerio de Educación ha subrayado que el objetivo principal del nuevo reglamento es promover una alimentación saludable y sostenible, respetando al mismo tiempo las particularidades de cada comunidad escolar. En los próximos meses, está previsto que se evalúe la aplicación del decreto y su posible extensión a otros territorios, en función de las demandas de las familias y los centros.

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