El parásito institucional: cómo Pepe Álvarez convirtió UGT en su cortijo

Durante décadas, el sindicalismo español ha sido uno de los pilares sobre los que se construyó la protección social y laboral del país. Sin embargo, lo que nació como un movimiento de dignidad obrera, impulsado por hombres y mujeres que sacrificaban su seguridad para conquistar derechos, hoy parece haberse transformado en una estructura burocrática al servicio del poder político y del mantenimiento de sus propios privilegios.

El ejemplo más visible de esa deriva es el de la dirección actual de la Unión General de Trabajadores (UGT), un sindicato que en su origen fue símbolo de resistencia y hoy encarna, para muchos, la imagen de un aparato enquistado en la comodidad institucional. Su secretario general, José “Pepe” Álvarez, representa esa metamorfosis: un dirigente que lleva medio siglo en la órbita sindical, ajeno a la precariedad que dicen combatir, y con una carrera forjada no en los tajos ni en las fábricas, sino en los despachos y los comités ejecutivos.

De la lucha obrera al confort institucional
El sindicalismo clásico fue, en su día, una fuerza emancipadora. La huelga, la negociación y la protesta eran expresiones de una sociedad que buscaba justicia frente al poder del capital. Hoy, sin embargo, los sindicatos mayoritarios viven en simbiosis con el Estado, alimentados por subvenciones millonarias y con dirigentes que han convertido la representación laboral en una profesión vitalicia.

La consecuencia es evidente: sus estructuras ya no responden a las bases, sino a la lógica del poder. Los sindicatos, antaño instrumentos de contrapoder, se han transformado en una especie de ministerios paralelos financiados por los mismos presupuestos que deberían fiscalizar. En lugar de enfrentarse al Gobierno, negocian con él la continuidad de su influencia. En lugar de defender a los autónomos, a los temporales o a los nuevos precarios de la economía digital, los señalan como “privilegiados” mientras sostienen un modelo fiscal que castiga al que emprende y premia al que se acomoda.

El discurso de la justicia social… para unos pocos
El reciente debate sobre las cuotas de los trabajadores autónomos ilustra perfectamente esa desconexión. Mientras millones de profesionales independientes luchan por sobrevivir a la inflación, los impuestos y la morosidad, algunos líderes sindicales han aplaudido propuestas que aumentan sus cargas, calificando de “justa” una subida que podría arruinar a los que menos ganan.

Resulta difícil aceptar lecciones de equidad de quienes viven protegidos por sueldos garantizados, dietas y beneficios opacos. Más aún cuando, año tras año, los informes de fiscalización revelan un uso cuestionable de fondos públicos destinados a la formación y al empleo. La historia reciente del sindicalismo español está plagada de casos en los que el dinero de los parados acabó financiando banquetes, congresos innecesarios o redes clientelares que nada tienen que ver con la mejora de las condiciones laborales.

Una sombra judicial que no se disipa
El deterioro moral del sindicalismo español no se explica solo por su dependencia del poder político, sino también por las múltiples causas judiciales que han manchado su nombre.

En los últimos años, tanto UGT como CCOO han afrontado diversas investigaciones y sentencias por el uso irregular de subvenciones públicas, principalmente aquellas destinadas a la formación de trabajadores y desempleados.

En Andalucía, los tribunales han dictado condenas por fraude en subvenciones y falsificación documental en el marco de los llamados “cursos de formación”, un entramado que desviaba fondos públicos mediante facturas falsas y gastos sin justificar.

En Asturias, UGT fue condenada por prácticas similares, consistentes en inflar presupuestos y presentar justificantes falsos para obtener subvenciones destinadas a programas de empleo.

También se han documentado reclamaciones millonarias de la Administración por gastos no justificados en distintas federaciones autonómicas, donde los jueces han acreditado que parte de los fondos públicos acabaron sufragando gastos personales o actividades ajenas al fin subvencionado.

CCOO, por su parte, tampoco ha estado exenta de polémica. Diversos informes de fiscalización han detectado irregularidades en el uso de subvenciones públicas y en la gestión de entidades vinculadas a la formación profesional. Aunque no todos los casos han terminado en condena firme, el conjunto de procedimientos ha dejado en evidencia una estructura opaca, poco fiscalizada y alejada de los principios de transparencia que exige la gestión del dinero público.

El problema no es anecdótico ni se limita a unas pocas “manzanas podridas”. Es estructural. Se trata de organizaciones que, en lugar de financiarse con las cuotas de sus afiliados, dependen en buena medida del dinero del Estado. Y esa dependencia erosiona cualquier independencia real: quien vive del poder, no lo combate.

El espejismo del sindicalismo moderno
La UGT y su organización hermana, CCOO, insisten en que representan a millones de trabajadores. Pero su peso real en la sociedad es cada vez menor. La afiliación se ha desplomado, la participación en elecciones sindicales se ha estancado y la credibilidad se ha erosionado por completo entre los jóvenes, los autónomos y los trabajadores del sector privado. Lo que queda es una estructura sostenida por subvenciones, por la representación institucional y por la complicidad de los gobiernos que las financian.

El sindicalismo que debería servir de contrapeso al poder político y económico se ha convertido en una pieza más de ese engranaje. Sus líderes ya no hablan el lenguaje de la fábrica, sino el de los ministerios. No viven de la cotización de sus afiliados, sino del presupuesto público. No representan a los trabajadores, sino a sí mismos.

El precio de la connivencia
España sufre un sistema laboral fracturado: temporalidad crónica, sueldos estancados, impuestos desbordantes y una de las tasas de paro más altas de Europa. Y sin embargo, los sindicatos mayoritarios parecen más preocupados por preservar su cuota de poder que por proponer una auténtica renovación del modelo. Su silencio ante los excesos fiscales o ante la precariedad creciente en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios digitales es clamoroso.

El sindicalismo debería ser una voz incómoda, una conciencia colectiva capaz de interpelar al poder. Pero cuando ese poder te financia, te protege y te garantiza la supervivencia, la rebeldía se convierte en un simple gesto retórico. El resultado es un sindicalismo domesticado, incapaz de representar al trabajador real: el que paga impuestos, el que sufre la burocracia, el que no tiene vacaciones pagadas ni derecho a paro.

Del carbón al canapé
La transformación del sindicalismo español es también simbólica. Aquellos sindicatos que nacieron al calor del humo de las fábricas, del sudor del campo y del ruido de los talleres, hoy se mueven entre despachos alfombrados, congresos subvencionados y cenas institucionales. Han pasado del carbón al canapé. La épica obrera que un día movilizó a miles de trabajadores se ha sustituido por un lenguaje tecnocrático, complaciente y, a menudo, cínico.

Mientras los dirigentes disfrutan de sus privilegios, millones de trabajadores —autónomos, temporales, falsos autónomos, empleados públicos precarizados— luchan solos contra un sistema fiscal y laboral que los ahoga. Y lo hacen sin sindicatos que los acompañen, porque quienes deberían estar a su lado hace tiempo que cambiaron la trinchera por el sillón.

Una reconstrucción necesaria
España necesita un sindicalismo nuevo: transparente, meritocrático, libre de subvenciones y verdaderamente independiente del poder político. Un sindicalismo que vuelva a nacer de las bases, que rinda cuentas, que viva de sus afiliados y no del presupuesto público. Un sindicalismo que recupere la ética de sus orígenes: defender al débil frente al fuerte, no al burócrata frente al contribuyente.

Mientras eso no ocurra, el trabajador seguirá solo, los autónomos seguirán señalados como “privilegiados” por quienes jamás han tenido que facturar un mes en rojo, y la palabra “solidaridad” seguirá siendo usada como coartada por quienes hace tiempo olvidaron su significado.

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