Veinte de los 25 acusados en el último juicio de Gürtel confiesan su culpabilidad

La Audiencia Nacional ha arrancado este lunes el último juicio del caso Gürtel. Concretamente, de la última pieza, –la denominada principal del sumario–, sobre los delitos contra la Hacienda Pública que presuntamente cometió la trama relacionada con el PP, cuya investigación se inició hace 17 años. En la vista de hoy, 20 de los 25 acusados en esta pieza han reconocido los delitos de fraude fiscal y de blanqueo del dinero, entre ellos Francisco Correa y Pablo Crespo.

 En la macrocausa, que fue dividida en un total de trece piezas, se enjuician concretamente delitos fiscales y de blanqueo de capitales logrados por el entramado corrupto a través de sobornos a cargos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones de contratos entre 1998 y 2009. Se calcula que, en el curso de la trama, que creció vinculada al Partido Popular, se repartieron 30 millones en comisiones.

Ante la Audiencia Nacional, 20 de los 25 acusados en la pieza principal del caso Gürtel reconocen los delitos de fraude fiscal y de blanqueo del dinero; un acto que busca rebajar la pena que se les pueda imponer.

 Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción pide 77 años de prisión para los cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, imputados en un proceso judicial en el que hemos visto de todo durante estos años: desde condenas al PP; el paso de un ex tesorero por la cárcel; la declaración como testigos de José María Aznar y Mariano Rajoy... y un proceso que dio pie a la moción de censura que sacó a este último de Moncloa.

La fase final del juicio del caso Gürtel llega 17 años después del arranque de las investigaciones. En ella se juzgan los presuntos delitos contra la Hacienda pública y cómo ocultaron su patrimonio y blanquearon sus ingresos.

Para la cita, Francisco Correa y la veintena de acusados acuden con los deberes hechos tras haber tendido puentes con la Fiscalía para asegurarse una rebaja de su condena a cambio del citado reconocimiento de los hechos. A ese respecto, solo unos pocos han rehusado por el momento llegar a acuerdos con el Ministerio Público, lo que obligará a que se celebre el juicio, que se prevé dure hasta el 20 de noviembre, según fuentes jurídicas.

 Entre los que ha buscado el pacto está Francisco Correa, para el que Anticorrupción pide concretamente 77 años por una veintena de delitos fiscales, dos de blanqueo y falsedad documental. También su mano derecha, el exsecretario de organización del PP Gallego Pablo Crespo, al que reclama la misma pena que la solicitada para el cabecilla de la red.

 En un escrito y que ha sido remitido a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzga estos hechos, Correa explica que Crespo y Ramón Blanco Balín, cerebro financiero de la trama, fueron quienes se ocuparon de sus asuntos societarios y fiscales, y que hay muchas sociedades creadas por estos y Vicente Agramunt, que constan en el escrito de acusación de Fiscalía como responsables civiles.

De acuerdo con su relato, en un momento determinado quiso regularizar ese dinero, pero Blanco Balín le disuadió asegurándole que ese dinero estaba protegido en la cuenta ‘Soleado’, utilizada por personas de “máxima relevancia” en España como el rey Juan Carlos, “lo cual lamento ahora enormemente”, según asegura.

Francisco Correa, que se encuentra en tercer grado o semilibertad tras cumplir 10 años en prisión, permitió en su día el desbloqueo de sus cuentas en Suiza para repatriar 20,7 millones de euros destinados a reparar el daño causado y la responsabilidad civil.

Tras mencionar la implicación de algunos de los acusados en la ocultación de su patrimonio, Correa trata por contra de exculpar a su primo Antoine Sánchez, detenido junto a él en 2009, cuando estalló el caso Gürtel, y que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por blanqueo.

Por su parte, Pablo Crespo, en su escrito de reconocimiento de los hechos, reitera que “deducía" como gastos lo que realmente eran "obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios o del Partido Popular”.

En ese sentido, añade: “Para canalizar de forma opaca al fisco las cantidades percibidas, constituí varias sociedades en Panamá”.

De igual modo, asume que era él quien “daba las instrucciones a quienes dirigían” las empresas del llamado Grupo Correa, entre ellas a la acusada Isabel Jordán, quien fue de las primeras en abrirse a pactar con la Fiscalía cuando echaron a andar los juicios de Gürtel.

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