El juez ve indicios de caja B en Ferraz e investiga ya la posible financiación ilegal del PSOE

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del conocido caso Koldo, ha dictado una providencia que apunta directamente al corazón del PSOE. Según la resolución, el último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos revela la existencia en la sede nacional del partido, en la calle Ferraz, de fondos de procedencia no justificada. El hallazgo abre la puerta a una nueva pieza judicial centrada en la posible financiación ilegal de la formación que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez.

 El origen: el rastro del dinero en metálico
La investigación pivota sobre una serie de mensajes, anotaciones y documentos hallados durante los registros practicados a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre, principales investigados en el caso.

El informe de la UCO —incorporado recientemente al sumario— recoge comunicaciones internas en las que se mencionan pagos en efectivo realizados “por parte del PSOE” a ambos, así como entregas periódicas de sobres con cantidades que no aparecen reflejadas en la contabilidad oficial del partido.

Entre los ejemplos citados por la Guardia Civil figura un sobre manuscrito dirigido a Ábalos con un importe de 826,73 euros, cuando la documentación aportada por el PSOE solo refleja un abono de 321,29 euros en esa misma fecha. También se alude a pagos mensuales, de entre 500 y 1.000 euros, a Koldo García por “encargos especiales”, sin soporte documental en la contabilidad interna de la organización.

Otro de los indicios que más ha llamado la atención del magistrado es el supuesto pago en metálico de 2.000 euros al chófer de Ábalos, que tampoco consta en los registros económicos del partido.

Estos movimientos, según Puente, “podrían corresponder a la existencia de una caja paralela o fondos no declarados” que habrían circulado en Ferraz durante los años en los que Ábalos ejercía como secretario de Organización.

 El juez cita a declarar a la cúpula administrativa del PSOE
Ante la gravedad de los hechos descritos por la UCO, el juez Puente ha acordado la citación como testigos de dos figuras clave de la estructura interna del partido:

Mariano Moreno Pavón, exgerente del PSOE.
Celia Rodríguez Alonso, secretaria del área de Organización.
Ambos deberán comparecer el próximo 29 de octubre en el Tribunal Supremo para explicar el funcionamiento de los pagos en metálico, la gestión de sobres y la naturaleza de los fondos empleados.

En su providencia, el magistrado subraya que el objetivo de estas diligencias es “verificar la trazabilidad de los pagos y su correspondencia con la documentación contable oficial del partido”.

No obstante, advierte también que, si las declaraciones apuntan a irregularidades, podría “deducirse testimonio” contra las personas implicadas, lo que abriría una nueva causa penal por financiación irregular.

 Ferraz responde: “No hay caja B ni financiación ilegal”
Desde la sede del PSOE en Ferraz, la reacción ha sido inmediata. En un comunicado difundido este lunes, la formación aseguró que “todos los pagos realizados a José Luis Ábalos fueron declarados y justificados ante las autoridades competentes” y negó la existencia de fondos ocultos.

Fuentes de la Ejecutiva Federal sostienen que los descuadres detectados por la UCO se deben a “errores administrativos” o a gastos conjuntos que, aunque figuren a nombre de Ábalos, correspondían a otros miembros del equipo de Organización.
“El informe no acredita en ningún caso la existencia de financiación irregular. Los pagos en metálico son habituales para cubrir dietas o desplazamientos, y siempre se registran en la contabilidad oficial”, defienden desde el entorno de Pedro Sánchez.

El propio partido insiste en que esta nueva línea de investigación “no implica imputación alguna” contra la dirección actual y que la providencia responde al curso ordinario de la instrucción.

Aun así, en Ferraz reconocen que la noticia ha generado “malestar y preocupación” en el seno de la formación, consciente del eco mediático y del potencial daño reputacional que conlleva el término “caja B”.

 El contexto: de la trama Koldo al corazón de Ferraz
El caso Koldo se originó a raíz de las presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia de 2020. La investigación inicial se centraba en una red empresarial que habría cobrado comisiones ilegales por adjudicaciones vinculadas al Ministerio de Transportes, dirigido entonces por Ábalos.

Con el paso de los meses, las pesquisas derivaron hacia los movimientos patrimoniales del exministro y su entorno, desembocando en la actual línea sobre la supuesta caja paralela del PSOE.

El salto cualitativo que ahora da el caso —de una trama de corrupción individual a la posibilidad de financiación irregular del partido gobernante— marca un punto de inflexión en la investigación. Si se confirmaran los indicios, sería el primer caso en democracia en el que un partido en el poder es investigado judicialmente por una caja B durante su mandato.

 La oposición carga y el Gobierno se defiende
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El Partido Popular ha convertido los supuestos pagos en efectivo en el eje de su estrategia de oposición. “El PSOE debe dar explicaciones urgentes al Congreso. No puede haber una caja B en el partido del presidente del Gobierno”, exigió la portavoz popular, Cuca Gamarra.

Desde el Ejecutivo, la respuesta ha sido tajante. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha denunciado una “campaña de intoxicación” y ha recordado que “no hay imputados ni pruebas de financiación ilegal”.
En Moncloa consideran que el juez “busca lo que no hay” y lamentan que las nuevas diligencias coincidan con fechas políticamente sensibles, como la comparecencia del presidente Sánchez en el Senado.

 Las implicaciones judiciales y políticas
La providencia del juez Puente no supone todavía una imputación formal, pero abre una vía inédita que podría tener consecuencias de gran calado.

De confirmarse la existencia de pagos no contabilizados, el PSOE podría enfrentarse a una acusación por financiación ilegal, un delito tipificado en el artículo 304 bis del Código Penal y castigado con penas de prisión y disolución de la formación.

Más allá de lo jurídico, el caso amenaza con convertirse en un nuevo foco de desgaste para el Gobierno. El recuerdo de escándalos anteriores, como el caso Filesa en los años noventa o la Gürtel en el PP, planea ahora sobre Ferraz.
La posibilidad de una “caja B socialista” resucita fantasmas del pasado y amenaza con alterar el equilibrio político en un momento de alta tensión institucional.

 El caso que puede marcar una legislatura
La investigación judicial sobre los pagos en metálico en Ferraz apenas comienza, pero ya ha sacudido la escena política.
El juez Puente ha puesto el foco sobre el corazón financiero del partido en el Gobierno, y la UCO continúa analizando documentación, transferencias y comunicaciones que podrían esclarecer si se trató de simples errores contables o de una estructura paralela de financiación.

Mientras tanto, el PSOE insiste en su inocencia y en que “no hay caja B”, pero la sombra de la duda se cierne sobre Ferraz.
El 29 de octubre, con la declaración de los testigos citados, se sabrá si la investigación se cierra como una ramificación menor del caso Koldo… o si se abre una nueva causa capaz de marcar el rumbo de la legislatura y el futuro del partido gobernante.

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