Las CCAA del PP abandonan el Pleno del CISNS tras denunciar "utilización partidista y sectaria" por parte del Gobierno

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, junto con los consejeros de Sanidad del Partido Popular han abandonado la sesión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado en Zaragoza después de leer un comunicado en el que denuncian "la utilización partidista y sectaria" de este órgano por parte del Gobierno.

En un primer momento, el PP ha asegurado que también País Vasco se había unido al plantón, pero según explican desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco, su delegación no se ha levantado de la mesa, sino que tenía una reunión aparte concertada con la ministra.

El Ministerio de Sanidad había convocado de forma extraordinaria a las comunidades autónomas para abordar la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer y un acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer, entre otros asuntos, en plena polémica por la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a enviar datos sobre sus programas de cribado de cáncer, tras los fallos detectados en Andalucía.

"Denunciamos la utilización partidista y sectaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por parte del Gobierno", arranca el comunicado de los populares. "Nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud".

Los consejeros denuncian que el CISNS se ha transformado en un "instrumento de imposición y confrontación", donde el Ministerio actúa de forma "unilateral", ignorando las aportaciones de las comunidades y "vulnerando" el reglamento que regula su funcionamiento.

"En lugar de convocar reuniones extraordinarias cuando surgen discrepancias técnicas, el Ministerio impone sus decisiones de manera autoritaria, desvirtuando los acuerdos alcanzados en las ponencias y comisiones técnicas", señalan.

Como ejemplo de esta "deriva" los consejeros populares aluden a la "manipulación unilateral" de los acuerdos adoptados por la Ponencia de Cribados en el mes de abril. "Pese a lo acordado en dicho foro técnico, el Ministerio aún no ha puesto a disposición de las comunidades autónomas la herramienta imprescindible para la gestión de los datos, estando los indicadores en fase de revisión actuando de forma interesada, partidista y en contra del propio Sistema Nacional de Salud". "En lugar de buscar una solución consensuada, la ministra ha optado por imponer su criterio, vulnerando los principios de respeto y colaboración que deben regir este órgano", lamentan.

"Asimismo, llama la atención la actitud del Ministerio en relación con los programas de cribado de cáncer de mama". Y es que, "en lugar de apoyar, reconocer y promover su desarrollo, el Ministerio se ha situado frente a las comunidades autónomas y frente a las mujeres, intentando sacar rédito político de un asunto que debería ser un punto de unión y orgullo compartido".

Mención especial, añaden, merece la situación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, "donde el Ministerio no asume su responsabilidad. Este comportamiento demuestra una vez más el uso partidista que el Gobierno está haciendo de la salud pública".

Los consejeros denuncian también la "utilización" de la presidencia del Consejo en beneficio propio y en contra del conjunto del sistema, con "filtraciones constantes" a los medios de comunicación, anuncios de acuerdos antes de ser debatidos y un "desprecio absoluto" a los procedimientos internos. "Es inaceptable que las comunidades autónomas se enteren de las decisiones del Consejo por los teletipos de prensa antes incluso de finalizar las reuniones".

Asimismo, en su comunicado critican la falta de asunción de responsabilidades del Ministerio de Mónica García, que "en dos años no ha dado respuesta al principal problema de la sanidad española: la falta de profesionales sanitarios". Mientras tanto, dicen, "demuestra una incapacidad total" para gestionar los servicios de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y pretende imponer un nuevo Estatuto Marco sin el consenso de los profesionales ni de las comunidades autónomas.

"A todo ello se suma la deslealtad institucional y la intromisión constante en las competencias autonómicas, actuando al margen del marco de cooperación que establece la Ley".

En este punto, alertan de que la situación ha alcanzado "un nuevo nivel de gravedad" con la denegación por parte del Gobierno de las "modificaciones presupuestarias necesarias para las transferencias de programas de Salud Pública", entre ellas las destinadas a los sistemas de vigilancia del cáncer.

"Las comunidades autónomas han tenido conocimiento de esta decisión a través de un mensaje de WhatsApp del propio director general de Salud Pública, lo que evidencia el desdén y el desprecio con que el Gobierno trata asuntos de enorme trascendencia para la salud de los ciudadanos".

El PP exige responsabilidades por el caos
Desde Génova han mostrado también su preocupación ante las desavenencias entre ministerios y la incapacidad de Pedro Sánchez de aprobar presupuestos, que podría estar desembocando en el bloqueo de partidas importantes y esenciales para la Salud Pública.

En este punto, aluden también a lo que los consejeros manifiestan en su comunicado y es al mail que envió este jueves el director general de Salud Pública para anunciar recortes en las transferencias para Sanidad a las autonomías debido a que Hacienda se negaba a hacer modificaciones de crédito ante la ausencia de PGE.

"Ya por la tarde, y ante la evidencia de que la información les iba a estallar en las manos, parece que el Gobierno decidió recular, argumentando un ‘error’ desde Sanidad". Así, fuentes del PP afirman que es "inadmisible" que el Gobierno esté "jugando en sus disputas internas" con los fondos públicos dedicados a, entre otras cosas, el cribado del cáncer, provocando el "caos" tanto entre las comunidades autónomas como entre los profesionales.

"No hay conclusión que deje en buen lugar al Gobierno: si María Jesús Montero pretendía bloquear esas transferencias, como parece evidente, ya sabemos de dónde quieren recortar, de ese Estado del Bienestar que dicen defender; si supone una nueva discusión interna entre PSOE y Sumar, es una nueva evidencia de que este Gobierno no funciona; y si es todo un error desde el ministerio de Mónica García, alguien tendrá que asumir su responsabilidad por jugar con las comunidades autónomas y los derechos de todos".

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