Los asesores, la otra casta de los partidos políticos: 13 millones de euros para 327 asesores en un Congreso parado
La casta política del Congreso sigue creciendo mientras la actividad legislativa se hunde. A pesar de que en lo que va de 2025 sólo se han aprobado 22 iniciativas legislativas, la Cámara Baja mantiene una plantilla de 327 asesores que cuestan 13 millones de euros al año.
Este ejército de asesores, repartido entre los distintos grupos parlamentarios, representa casi un asesor por cada diputado. Un gasto descomunal que no produce leyes, reformas ni soluciones a los problemas reales de los españoles.
La casta política del Congreso se ha blindado en sus privilegios mientras el país sufre parálisis institucional, inflación, crisis de vivienda y un Gobierno que apenas gobierna.
El Congreso se detiene: Sánchez no legisla ni deja legislar
La legislatura está completamente bloqueada. Salvo los diputados del PSOE o de Sumar, nadie niega que el Congreso vive una parálisis sin precedentes. La Cámara apenas celebra plenos los jueves, y el Gobierno evita presentar iniciativas por miedo a perder votaciones ante sus propios socios.
El resultado es una institución inerte, reducida a escenario propagandístico del Ejecutivo. La casta política del Congreso mantiene sueldos, asesores y privilegios, mientras la función legislativa —su razón de ser— desaparece.
Y para entenderlo: de las 133 iniciativas tramitadas, 111 permanecen atascadas en la ampliación del periodo de enmiendas. De ellas, 38 proceden del propio Gobierno, 26 de otros grupos parlamentarios y 36 del Senado. Ni Sánchez puede legislar, ni permite que otros lo hagan.
El Congreso cuesta más que nunca, pero trabaja menos que nunca.
13 millones para 327 asesores: el negocio del vacío legislativo
Mientras las leyes se congelan, los asesores prosperan. Los presupuestos de la Cámara Baja destinan 13 millones de euros a pagar los sueldos de 327 asesores parlamentarios, una cifra que se ha duplicado en la última década. En 2014, el gasto era de 7,5 millones.
Estos asesores son personal de confianza contratado a discreción por los grupos políticos. 12,8 millones se destinan a nóminas y casi medio millón a planes de pensiones, introducidos a partir de 2022 bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.
La casta política del Congreso se alimenta de estos privilegios. Mientras los ciudadanos afrontan impuestos, recortes y precariedad, los partidos disfrutan de una red de sueldos públicos sin control ni resultados.
El Congreso no legisla, pero sigue contratando. No produce leyes, pero paga pensiones y asesores. La decadencia institucional es absoluta.
PSOE, PP y Sumar lideran el reparto de asesores
Según los datos recopilados por Demócrata, el PSOE encabeza la lista con 120 asesores, a pesar de ser el segundo grupo en número de diputados. Controlar la Mesa del Congreso, la mayoría de las comisiones y gozar de privilegios institucionales le permite contratar más personal, aunque cobren menos.
El PP, con más escaños, dispone de 106 asesores, mientras que Sumar, con menos representación, mantiene 39. Vox cuenta con 26, a pesar de haber obtenido más diputados que la coalición de la comunista Yolanda Díaz.
Incluso entre los partidos separatistas hay desigualdad. ERC, con siete diputados, tiene 13 asesores, frente a los cinco de Junts. Esa diferencia se debe a que el PSOE cedió varios asesores a los republicanos al inicio de la legislatura.
La casta política del Congreso reparte privilegios en función de pactos, no de méritos. Los ciudadanos pagan, pero el beneficio se queda en la red de clientelismo que sostiene el poder.
Un Congreso que no produce leyes, pero multiplica el gasto
El ritmo legislativo es el más bajo de los últimos diez años. En lo que va de 2025, el Congreso ha aprobado 22 leyes, sólo por encima de 2016, cuando Mariano Rajoy no logró formar gobierno.
Ahora, la casta política del Congreso cobra más y trabaja menos. No existe voluntad de debate, ni control al Gobierno, ni impulso legislativo. Todo se supedita al cálculo político de Pedro Sánchez, que usa la parálisis como estrategia de poder.
El Congreso se ha convertido en un teatro de gestos, donde la apariencia sustituye a la acción.
El reflejo de una democracia vacía
La situación revela una enfermedad profunda: una democracia sin responsabilidad ni meritocracia. La casta política del Congreso vive desconectada de la realidad. Mientras millones de españoles sufren precariedad, los partidos se reparten asesores, dietas, privilegios y pensiones.
Esta degeneración política no distingue siglas. PP, PSOE y Sumar comparten la misma lógica: mantenerse en el poder, gestionar recursos públicos como botín y usar las instituciones como agencias de colocación.
No existe transparencia ni control. Los asesores no se eligen por mérito, sino por afinidad ideológica o proximidad al partido. Es el nepotismo institucionalizado, el parasitismo convertido en norma.
El Congreso, símbolo de la soberanía popular, se ha transformado en el reflejo de una oligarquía partidista que sólo responde ante sí misma.
El coste moral y económico de la casta política del Congreso
Cada euro que se destina a esta casta política del Congreso representa un agravio para los españoles que sostienen el sistema con su trabajo y sus impuestos.
Con 13 millones de euros se podrían financiar 500 becas universitarias, construir centros de salud o reforzar la seguridad en las fronteras. En lugar de eso, se gasta en asesores de confianza que no legislan ni producen resultados tangibles.
El desprestigio de la política no se debe al desinterés ciudadano, sino a la corrupción moral de sus dirigentes. Un Congreso que no legisla, pero multiplica sus gastos, deja de ser un órgano democrático para convertirse en un refugio de burócratas y oportunistas.
La casta política del Congreso ha secuestrado la institución que debía representar al pueblo español. 327 asesores y 13 millones de euros al año sostienen una estructura inútil que sólo sirve al poder.
Mientras la casta política del Congreso siga parasitando el sistema, España seguirá pagando el precio de su decadencia institucional.
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