Sánchez tropieza con su propio discurso: niega la explotación sexual pero excusa los prostíbulos de su suegro

En política, las palabras pesan tanto como los hechos. Más aún cuando quien las pronuncia ha hecho de la ética y del feminismo pilares de su discurso público. El reciente episodio vivido en la comisión de investigación del Senado, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, defendió la legalidad de antiguos negocios vinculados a su suegro, ha reabierto un debate de fondo que trasciende lo personal: la coherencia entre los principios proclamados y las realidades que los rodean.

Durante su comparecencia, Pedro Sánchez reiteró su rechazo a la prostitución y su defensa de un modelo social abolicionista. Sin embargo, cuando un senador le preguntó directamente por los establecimientos que su suegro gestionó en Madrid —locales registrados como saunas y señalados por informes municipales de hace dos décadas como lugares donde se ejercía la prostitución—, el presidente optó por una respuesta estrictamente jurídica: «no eran actividades ilícitas», afirmó, amparándose en que existía jurisprudencia que así lo había considerado.

Esa afirmación ha generado una evidente disonancia entre el mensaje político y la percepción pública. No se trata de un caso penal abierto, ni de responsabilidades personales del actual presidente, sino de la impresión de que se busca una interpretación legal para justificar una situación que, en el plano moral y político, resulta incómoda.

 Un argumento jurídicamente débil
La referencia a la “jurisprudencia” es, en sí misma, problemática. Los autos judiciales a los que aludió el presidente no evaluaban la naturaleza de aquellos negocios, sino que se limitaban a constatar la existencia de información sobre ellos en otro contexto —un procedimiento relacionado con filtraciones policiales—. En ningún momento se dictaminó la licitud o ilicitud de las actividades desarrolladas en esos locales.

Convertir esa mención tangencial en una validación judicial es, como mínimo, una interpretación arriesgada. Los documentos de archivo, incluidos antiguos informes de la Policía Municipal, señalaban que algunos de esos establecimientos operaban bajo licencias de “sauna con bar” mientras se desarrollaban en su interior prácticas vinculadas a la prostitución.

Más allá de la literalidad jurídica, el asunto apela a una cuestión de fondo: la responsabilidad política ante la sociedad. Si un dirigente basa su discurso en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la explotación sexual, debe ser especialmente cuidadoso al abordar cualquier vínculo, aunque sea indirecto, con negocios que se lucraran en torno a ese ámbito.

 El peso de la coherencia política
El presidente del Gobierno no es responsable de las actividades empresariales de sus familiares, pero sí lo es de cómo afronta públicamente las controversias que lo rodean. La coherencia no se mide solo por las leyes que uno promueve, sino también por la claridad con la que defiende los valores que dice representar.

La respuesta evasiva o meramente técnica frente a una pregunta moralmente delicada resulta, en política, más elocuente que el silencio. Al no marcar una distancia inequívoca respecto a unos negocios que la opinión pública asocia con la explotación de mujeres, el presidente pierde parte de la autoridad ética que su propio discurso feminista exige.

El Gobierno ha hecho bandera de la igualdad y de la abolición de la prostitución. Pero esos principios no pueden ser defendidos a medias ni supeditados a la conveniencia de una comparecencia parlamentaria. Quien lidera un proyecto que se presenta como referente progresista debe ser el primero en asumir el coste de la coherencia.

Los agentes verificaron in situ la existencia de «cinco habitáculos destinados a habitaciones con ducha donde se ejerce la prostitución». Esta constatación desmonta la coartada legal del negocio, que operaba formalmente como sauna con servicio de bar.

Auto manipulado
El argumento jurídico al que se ha aferrado Sánchez manipula deliberadamente un auto de la Audiencia Nacional de 28 de junio de 2024 del caso Villarejo. Ese documento hablaba del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario José Manuel Villarejo. Analizaba si cometieron revelación de secretos al intercambiar información sobre el suegro del entonces secretario general del PSOE en una conversación grabada el 22 de agosto de 2014.

El tribunal archivó el caso porque la información «era conocida por múltiples personas» y no podía considerarse secreta. Se centraba exclusivamente en analizar si hubo delito en esa conversación de la llamada «policía patriótica».

Los jueces mencionan tangencialmente los negocios del suegro al criticar «la deplorable utilización partidista de informaciones sobre actividades privadas lícitas de personas vinculadas por parentesco con altos representantes políticos».

 Entre lo legal y lo legítimo
En el fondo, el episodio revela una confusión recurrente en la política española: la tendencia a confundir lo legal con lo legítimo. Que un negocio no haya sido declarado ilícito por un tribunal no significa que su existencia o su modelo económico sean moralmente aceptables. La política, precisamente, se distingue del derecho en su capacidad para ir más allá de la norma y cuestionar aquello que, sin ser delito, resulta incompatible con los valores que una sociedad quiere defender.

El feminismo institucional —el que el propio Gobierno reivindica— ha sostenido que la prostitución no puede considerarse un trabajo ni una actividad neutral. Si se parte de esa premisa, cualquier intento de justificar o minimizar la dimensión de locales en los que se lucraba a costa de mujeres que ofrecían servicios sexuales contradice el espíritu del discurso abolicionista.

Una cuestión de liderazgo
Pedro Sánchez ha demostrado a lo largo de su trayectoria política una gran capacidad para resistir la presión mediática y adversarial. Pero el liderazgo también se mide por la capacidad de reconocer contradicciones y afrontarlas con transparencia. En lugar de ampararse en tecnicismos o interpretaciones parciales de documentos judiciales, habría sido más coherente asumir la incomodidad del tema y marcar una posición inequívoca: el rechazo a cualquier forma de negocio que instrumentalice a las mujeres, venga de quien venga.

El electorado valora la firmeza, pero también la sinceridad. La ciudadanía no exige infalibilidad a sus dirigentes, pero sí espera que sus palabras tengan un correlato en la realidad. Cuando el discurso moral se sostiene sobre principios universales —como la dignidad de las mujeres o la lucha contra la explotación sexual—, cualquier ambigüedad se convierte en una grieta difícil de cerrar.

 La ética como medida del poder
El episodio de esta semana no quedará registrado por su relevancia judicial, sino por su valor simbólico. No es un caso penal ni una investigación sobre el presidente, pero sí un recordatorio de que la coherencia política es una forma de rendición de cuentas.

En un momento en que la sociedad exige transparencia y ejemplaridad, resulta insostenible mantener un discurso abolicionista y, al mismo tiempo, defender la respetabilidad de negocios familiares que se beneficiaron de la prostitución, aunque fuera bajo el amparo de licencias administrativas.

La política necesita menos estrategias defensivas y más autenticidad. La credibilidad del discurso feminista no depende solo de las leyes que se aprueban, sino del ejemplo que dan quienes las promueven. En la distancia entre la palabra y el hecho se juega, una vez más, la confianza del país en sus dirigentes.

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