La Audiencia Nacional acuerda investigar la ‘caja B’ del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una presunta organización criminal que supuestamente cobró comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, ha acordado abrir una pieza separada tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre los pagos en metálico realizados al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García.

El Supremo ha detectado que pudo haberse cometido un blanqueo de capitales, y en un auto dictado el pasado viernes subrayó que hay «incógnitas deben ser despejadas», en la medida en que «pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas». Puente sospecha que el PSOE habría ocultado pagos en metálico realizados a la trama de Santos Cerdán fuera de su contabilidad oficial.

Por ello, envió a la Audiencia Nacional la investigación, junto con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha descubierto la caja B del PSOE.

También le remitió la información facilitada por el PSOE y las declaraciones del ex gerente del partido, Mariano Moreno, y de una trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, sobre los pagos en efectivo, así como la de la empresaria Carmen Pano, quien declaró ante el Supremo que en octubre de 2020 acudió en dos ocasiones a la sede del PSOE e hizo entrega de 45.000 euros en metálico en cada una de ellas. Una versión que la empresaria ratificó después en el Senado.

Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, instructor del caso Koldo, ha acordado dar traslado a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada y de la documentación.

Pagos en efectivo sin respaldo documental
El magistrado del Supremo Leopoldo Puente señaló en el auto que el último informe de la UCO refleja «comunicaciones relativas a posibles pagos en efectivo de determinadas cantidades por parte del PSOE» a Ábalos y Koldo García que, sin embargo, no constan «ni por sus fechas ni por sus importes» en la información facilitada por el partido en la causa.

Asimismo, indica que ni Ábalos ni Koldo García ofrecieron en su comparecencia ante el Supremo alguna información complementaria al respecto  «que pudiera contribuir a explicar esta aparente falta de sintonía entre las mencionadas comunicaciones y la información facilitada por el partido político del que ambos formaron parte», ya que se acogieron a su derecho a no declarar.

El magistrado explica que esa fue la razón por la que citó al ex gerente del PSOE y a una trabajadora de la Secretaría de Organización para que pudieran ofrecer «una satisfactoria explicación al respecto, excluyente, si ese fuera el caso, de cualquier posible responsabilidad en la que dicho partido político pudiera haber incurrido».

Blanqueo de fondos de actividades ilícitas
Sin embargo, tras dichas comparecencias no ha quedado despejado quién era la persona y cuál el procedimiento de las compensaciones en metálico de facturas presentadas, la no comprobación de que la persona que reclamaba devolución de gastos era, conforme a los tickets o facturas aportadas, quién los había realizado, o la no explicación suficiente del «origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.

Tampoco se comprobaba «si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados por aquel en metálico o por intermediación bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero por éstos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita -o, incluso delictiva-, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia, máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él, sino por terceros».

Tras las testificales de estos responsables del PSOE «tampoco quedaron suficientemente explicadas las razones que aconsejaban que las compensaciones económicas, solicitadas a título personal por los miembros de la Secretaría de Organización o de forma colectiva para un indeterminado conjunto de personas pertenecientes o vinculadas a ese equipo, se efectuaran en metálico, en qué momento se inició este procedimiento, si es que no siempre había venido siendo así, y en qué momento cesó definitivamente, si cesó».

«Si la mayor parte del dinero que se mantenía en caja tenía por objeto, conforme explicó el director gerente, compensar los gastos anticipados por personas pertenecientes al partido (en particular los miembros de la Secretaría de Organización) y que recibían, lógicamente, de éste ciertos emolumentos por conducto bancario, no se comprende con facilidad que resultara necesario contratar, al menos para esos casos, una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran».

En este sentido, afirma que hubiera sido más cómodo y evitaría gastos adicionales «realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes trasferencias».

Por todo ello, Puente concluye que «todas estas incógnitas deben ser despejadas». Sin embargo, apunta que la actividad de PSOE, «sea finalmente una u otra la calificación jurídica que merezca», no está «inescindiblemente vinculada» a los hechos aparentemente delictivos que él investiga, como es una presunta trama integrada por Ábalos, Koldo y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, dedicada al cobro de supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Por estas razones, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional para que esclarezca si los investigados llegaron a blanquear dinero a través de las liquidaciones de gastos del partido.

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