Orbán planta cara a la UE: un millón de euros al día para no arrodillarse ante la imposición migratoria de Bruselas

Hungría mantiene su pulso con Bruselas. Desde 2024, el Gobierno de Viktor Orbán paga una multa diaria de un millón de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir las normas comunitarias sobre asilo y migración.

 El primer ministro húngaro, lejos de ceder, ha convertido la sanción en símbolo de resistencia soberanista frente a lo que considera una «imposición ideológica» del bloque comunitario.

 «Parece que los inmigrantes ilegales son más importante para los burócratas de Bruselas que los propios ciudadanos europeos», declaró Orbán en redes sociales. «Si tengo que elegir entre pagar una multa o poner en peligro a Hungría, seguiré pagando», señaló el jefe de gobierno.

El conflicto comenzó en diciembre de 2020, cuando el TJUE condenó a Hungría por no respetar el derecho europeo en los procedimientos de concesión de protección internacional y por las medidas adoptadas en la gestión de migrantes irregulares.

Budapest ignoró la sentencia, y en junio de 2024, el tribunal impuso una sanción histórica: 200 millones de euros de multa inicial y un millón de euros por cada día de retraso en su cumplimiento.

Ante la negativa húngara, la Comisión Europea inició el proceso para retener automáticamente los fondos comunitarios que corresponden al país, una medida que Orbán calificó de «chantaje político disfrazado de justicia europea«.

«Estamos pagando un millón de euros al día, pero si calculo lo que costaría dejarles entrar, es más barato pagar la multa», afirmó el dirigente húngaro en febrero. «Esta es una rebelión contra las políticas migratorias de la UE».

Hungría se ha erigido como el principal bastión europeo contra la inmigración masiva y las políticas de cuotas impuestas por Bruselas. Orbán sostiene que el sistema de asilo europeo ha fracasado y que los Estados deben recuperar la capacidad de decidir quién entra en su territorio.

En 2023, su Gobierno creó la Oficina para la Defensa de la Soberanía Nacional, encargada de investigar la influencia extranjera en la política y los medios húngaros. Bruselas respondió abriendo un nuevo expediente sancionador por considerar que dicha oficina «limita la libertad de asociación».

Pese a las presiones, Hungría mantiene una de las tasas más bajas de inmigración de toda la Unión Europea: apenas un 6% de residentes extranjeros, frente a más del 20% de países como Suecia o Bélgica.

Orbán defiende que la política migratoria liberal europea ha incrementado la criminalidad y la inseguridad en el continente. «La inmigración lleva a más violencia contra las mujeres, homofobia y antisemitismo», declaró recientemente, criticando la hipocresía de quienes «hablan de tolerancia mientras importan violencia y caos».

Bruselas justifica la sanción en nombre del «Estado de Derecho», pero para Budapest el castigo refleja la voluntad del aparato europeo de castigar la disidencia soberanista. Orbán se ha convertido en el líder más firme del bloque Patriotas por Europa, que agrupa a los partidos patrióticos y conservadores de la UE, y mantiene un mensaje claro de defensa de la frontera, la familia y la identidad cristiana del continente.

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