La UCO destapa un presunto sistema de comisiones ligado a contratos públicos y a cargos próximos al PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la posible existencia de una red estructurada para el cobro de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas millonarias, cuyo epicentro situaría en el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actualmente encarcelado por orden del Tribunal Supremo.

De acuerdo con los informes policiales incorporados a la causa, la presunta trama habría operado mediante un esquema estable y prolongado en el tiempo, basado en el pago de un porcentaje fijo del 2 % sobre el valor de los contratos de obra pública adjudicados a empresas afines o interesadas en resultados concretos. Ese flujo económico habría sido canalizado a través de un complejo entramado empresarial y financiero diseñado para ocultar el destino real de las cantidades percibidas.

 El papel clave de un antiguo alto cargo público
Entre los nombres que han cobrado relevancia en las últimas semanas destaca Vicente Fernández Guerrero, antiguo estrecho colaborador de la actual vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y ministra de Hacienda y expresidente de la SEPI. Tras su salida del cargo, se incorporó a la constructora Servinabar, adjudicataria de 72 millones de euros para la reforma del túnel navarro de Belate.

Los investigadores sospechan que Fernández Guerrero podría haber actuado como intermediario o figura instrumental para permitir que Cerdán recibiera fondos presuntamente procedentes de sobornos de forma encubierta, simulando ingresos laborales regulares. Durante ese período, percibió un salario mensual de 6.000 euros, cuya finalidad real es objeto de análisis policial.

El exalto cargo niega cualquier irregularidad y asegura que su contratación respondió únicamente a criterios profesionales, rechazando categóricamente haber ejercido de puente económico con el dirigente socialista.

 Servinabar y el origen del dinero investigado
La investigación considera a Servinabar 2000 SL el núcleo operativo de la presunta red. Cerdán habría mantenido un 45 % del capital de la empresa, participación que presuntamente ocultó durante años.

En los registros contables analizados, Acciona aparece como principal fuente de ingresos hacia la constructora, con casi seis millones de euros transferidos entre 2015 y 2024. Dichos flujos financieros coincidieron con una etapa de importantes adjudicaciones a la multinacional tanto en Navarra como a nivel estatal. La UCO trata de determinar si respondían a relaciones comerciales ordinarias o a pagos encubiertos para asegurar contratos estratégicos.

Parte de esos fondos habría sido desviada a través de cooperativas opacas, supuestamente creadas para dificultar el rastreo:

Cooperativa
Cantidad investigada
Destino identificado
Noran
732.000 €
Dirección vinculada a Koldo García, exasesor ministerial
Erkolan
258.000 €
Ingresos hacia cuentas de Belén Cerdán, hermana del exsecretario de Organización

Esta última habría percibido incluso una nómina regular por funciones administrativas cuya existencia real está siendo verificada.

 Registros y ampliación de diligencias
El avance más significativo se produjo la semana pasada, cuando la UCO, por orden judicial, irrumpió en sedes corporativas de Acciona en Madrid y Bilbao, incautándose de documentación y equipos tecnológicos del área de Infraestructuras Internacionales.

Los registros se extendieron también a Tecade y Freyssinet, adjudicatarias junto a Acciona de las obras del Puente del V Centenario en Sevilla, un proyecto de 88 millones de euros, cuya licitación se encuentra ahora bajo lupa.

 Empresarios y excargos señalados en los informes
La investigación apunta también a perfiles con peso institucional y económico:

Jon Iñaki Alzaga, empresario cercano al PNV, beneficiado por un contrato para la construcción de un centro educativo en Navarra.

Javier Herrero, exdirector general de Carreteras.
Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes.
Todos ellos están bajo investigación, sin que exista por ahora imputación firme ni condena.

Según la reconstrucción policial, el entramado habría estado dividido en dos ramas:

Captación y cobro de comisiones
Manipulación técnica de licitaciones para asegurar el reparto final
Un contenido documental incautado revelaría que el mantenimiento del control político institucional era clave para la continuidad del sistema.

 Escenario abierto y consecuencias imprevisibles
Las fuentes consultadas hablan de una causa de alta complejidad, con derivadas económicas, administrativas y políticas que podrían extenderse durante meses o incluso años. La instrucción se mantiene en fase preliminar y bajo estricta reserva.

Mientras tanto, la investigación apunta a la posible existencia de un entramado de corrupción con ramificaciones en distintos niveles del poder público, cuya magnitud aún está lejos de conocerse completamente.

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