El PSOE tapa el escándalo del cáncer: Morant desatendió dos avisos clave sobre el desfalco de 25 millones

Dos cartas alertaron al Ministerio de Ciencia de Diana Morant de un presunto desvío millonario en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pero lejos de desencadenar una reacción inmediata, sus autores —dos responsables de primer nivel dentro del organismo— terminaron encontrándose con un vacío administrativo absoluto y, finalmente, con su propio despido.

 Los dos altos cargos, responsables de Operaciones y de Cumplimiento Normativo, habían elaborado durante meses una investigación interna que destapaba un entramado de contratos sospechosos, pagos inflados y servicios jamás realizados que, según sus cálculos, habrían supuesto un agujero de entre 20 y 25 millones de euros en casi dos décadas. Su conclusión era demoledora: una dinámica sistemática de manipulación de procedimientos públicos que llevaba operando desde 1998.

 Sin embargo, cuando el responsable de Operaciones elevó la primera carta, el 3 de marzo, al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, este no dio respuesta alguna. La segunda comunicación, remitida en agosto y ya mucho más urgente —pues ambos denunciantes intuían represalias inminentes— fue reenviada por Cigudosa de forma rutinaria al Patronato del centro. Ese trámite, lejos de proteger a los denunciantes, terminó colocando la denuncia justo en manos del entorno que ellos mismos estaban investigando.

Mientras tanto, dentro del CNIO la tensión aumentaba. Al implantar un nuevo sistema de control de contratos, aprobado previamente por el Patronato, el director de Operaciones comenzó a detectar una ausencia absoluta de verificaciones, prácticas de fraccionamiento y proveedores que cobraban por trabajos nunca efectuados. Lo que empezó como una revisión puntual se convirtió rápidamente en una auditoría casi forense, apoyada también por la directora de Compliance y un equipo de técnicos.

Las resistencias internas fueron inmediatas: responsables de distintas áreas se quejaban de que implantar controles era inviable, otros pedían que no se removiera el pasado, e incluso el gerente de entonces, Juan Arroyo, criticado por los denunciantes como el supuesto protector de la red clientelar, llegó a sugerir que se evitaran determinadas indagaciones. Arroyo, pese a haber sido degradado meses antes en plena crisis del CNIO, continuaba en la práctica operando con total influencia en la gestión económica.

El 27 de junio, ante el bloqueo interno y la ausencia de reacción del Ministerio, ambos altos cargos decidieron presentar la denuncia ante Anticorrupción, acompañándola de más de 500 documentos: correos, audios y análisis detallados de 18 años de actividad contractual. La Fiscalía trasladó la investigación a Madrid, pero hasta la fecha el Ministerio asegura no haber recibido notificación alguna del procedimiento.

Apenas un mes después de aquella denuncia formal, el 5 de agosto, ambos directivos recibieron expedientes disciplinarios. Las razones esgrimidas por la dirección interina del CNIO resultaron tan inconsistentes que incluso el comité de empresa solicitó explicaciones, sin obtenerlas. El 8 de agosto, viendo que la presión iba en aumento, enviaron una segunda carta a Cigudosa, pidiendo protección ante represalias por investigar corrupción. Tampoco hubo respuesta directa.

El 11 de agosto, la secretaria general del Patronato —no el secretario de Estado— contestó de manera lacónica, derivando el asunto de nuevo hacia la Gerencia. Y el 30 de agosto, en un sábado, ambos fueron despedidos por burofax. Su expulsión generó tal malestar interno que un grupo de directores científicos pidió una reunión para protestar, que nunca llegó a concederse.

Sólo después de estas destituciones, el 1 de septiembre, el nuevo gerente nombrado por el Gobierno, José Manuel Bernabé, tomó posesión. Según fuentes internas, Bernabé manifestó no haber sabido nada previamente del escándalo, pero admitió que lo denunciado podría invalidar los despidos ejecutados por la anterior dirección.

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