Golpe a Correos: la Guardia Civil investiga un plan para dirigir adjudicaciones millonarias hacia la presunta red socialista

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado que la estructura político-administrativa que operaba en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos no sólo facilitó la actividad de la trama vinculada al PSOE, sino que contaba con un eslabón decisivo:

Pedro Saura, actual presidente de Correos y antiguo secretario de Estado en ese departamento. Según el material incorporado al sumario, su intervención fue determinante para que determinados contratos estratégicos avanzaran con una velocidad y un grado de coordinación impropios de un procedimiento ordinario.

 El informe policial sostiene que Saura era el funcionario con capacidad para activar declaraciones de emergencia, validar tramitaciones aceleradas y retirar obstáculos administrativos en obras de gran valor económico. Estas decisiones, interpretadas por la UCO como maniobras no casuales, permitían que los proyectos se pusieran en marcha y que la red lograra asegurarse el porcentaje pactado de mordidas, generalmente un 2% del total adjudicado, canalizado a través de empresas colaboradoras.

 Uno de los episodios iniciales señalados por los investigadores se produjo el 6 de agosto de 2018, cuando Saura —recién estrenado en su cargo— autorizó la declaración de emergencia para revisar el puente del Centenario en Sevilla. Aquel gesto abría la puerta a una licitación multimillonaria que la red llevaba tiempo monitorizando.

 Para noviembre de ese año, los intercambios entre Cerdán y Koldo reflejaban que ambos ya estaban maniobrando alrededor de ese contrato. Apenas unos días más tarde, Acciona y Servinabar firmaron un documento que fijaba el reparto previsto del 2%, una operación que la UCO identifica como un modelo repetido de obtención de comisiones ilegales.

La documentación analizada muestra otro punto crítico en abril de 2019, cuando Koldo avisó a Cerdán de que Saura estaba dejando demasiada huella en el expediente sevillano y que Javier Herrero había tenido que insistir con firmeza para que la tramitación avanzara. El 24 de abril, ese expediente recibió finalmente la declaración de emergencia que desbloqueaba la obra, justo en el momento en que la trama intensificaba las gestiones para orientar la adjudicación hacia el consorcio que defendían.

Un patrón muy similar aparece en la obra de Logroño, donde la UCO detecta una reiterada presión política ejercida por Santos Cerdán, acompañada de nuevas intervenciones de Herrero para empujar a Saura a agilizar la licitación. En este caso, como en Sevilla, Acciona figuraba como contratista principal y empresas relacionadas con Antxón se preparaban como subcontratas destinadas a canalizar el dinero comprometido.

La tercera pieza relevante del informe afecta a los túneles de Belate, un proyecto navarro valorado en 62,8 millones. Aunque la adjudicación final se materializó en 2023, la Guardia Civil considera que su diseño estuvo condicionado desde 2019. Ese año, Saura, Herrero, Cerdán y altos cargos del Gobierno de Navarra participaron en un encuentro donde se selló el compromiso político de duplicar los túneles. Para los investigadores, aquella reunión anticipó decisiones administrativas que, de nuevo, beneficiaban a los intermediarios vinculados a la red de Ábalos y Cerdán.

La UCO concluye que la actuación de Saura no puede interpretarse como una mera sucesión de trámites: su papel resultaba imprescindible para que las obras se acelerasen, se declaran emergencias o se saltaran bloqueos, pasos que allanaban el terreno para el pago de comisiones ilegales. Según el informe, la trama necesitaba esos contratos para liquidar compromisos internos y sostener el reparto económico que señalaba directamente a Ábalos y a su círculo más próximo.

Las últimas revelaciones periodísticas refuerzan ese esquema. Según lo publicado por El Debate, Ábalos facilitó que Cerdán se sumara a una delegación oficial a Marruecos en 2019, viaje considerado clave para influir en un macrocontrato de 460 millones correspondiente al puerto atlántico de Kenitra. Además, ese medio documentó que la red pactó al menos 1.070.000 euros en comisiones asociadas a licitaciones de Acciona, y que Cerdán se encargaba de trasladar parte de esos fondos a Ábalos. Para la UCO, su papel era central dentro de la maquinaria financiera que mantenía viva la trama.

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