SOBRE LOS JUECES FRANQUISTAS Y LA CONDENA AL FGE
Españoles por el futuro está preocupado por la reacción izquierdista a la condena al Fiscal General del Estado.
El 20 de noviembre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha adelantado el fallo con la condena al socialista Fiscal General del Estado por una revelación de secretos.
Podemos, Sumar, Bildu, ERC y PSOE han criticado la condena, calificándola de “golpismo judicial” de los “jueces franquistas” o de los “fachas con toga”. El Presidente del Gobierno habló de “abuso de poder”. Todos ellos, cometieron un delito por incumplir su obligación de denunciar a los magistrados del Tribunal Supremo si consideran que han prevaricado.
Que la metamafia política son delincuentes es algo que sabemos todos los españoles pero también es grave que estas mentiras proporcionen beneficios electorales y que éstos se consigan enfrentando a una parte significante de la población contra otra parte, aprovechando la ignorancia de ambas partes.
La metamafia judicial, como el resto de las instituciones, de los partidos políticos, de los sindicatos de clase y de las patronales, están al servicio de la alianza entre el Partido Popular (PP) y el Partidos Socialista Obrero español (PSOE), también conocida como PPSOE, que hace que la mayoría viva peor cada día (decadencia).
La judicatura defiende a la metamafia política incluso aunque sea de signo contrario a sus ignorante ideología politica, aunque a veces prevarica para atacar al contrario o para defender a los afines.
Por tanto, se debe hablar de los jueces bipartidistas o de jueces del PPSOE, especialmente en el caso de los tribunales superiores porque han sido promovidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyos 20 jefes (vocales) han sido elegidos por el parlamento bipartidista de PPSOE.
En cuanto a la condena, la pena califica como que no ha causado un “grave daño para la causa pública o para tercero”. Si lo hubiera calificado como grave tendría pena de prisión por el artículo 417.1 del Código Penal por el que ha sido condenado. La indemnizacion de sólo 10.000 euros corresponde con un daño leve.
Como es habitual, los dos magistrados de izquierdas discrepan del fallo para salvar al fiscal porque también es miembro de la misma metamafia izquierdista, cosa que no harían si fuera de la metamafia derechista y viceversa.
Dejando al margen si ha sido grave el perjuicio causado al perjudicado (novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid), es incuestionable el gravísimo perjuicio causado a la “causa pública”, a la credibilidad del Ministerio Fiscal que el condenado representa como su máxima figura y al conjunto institucional.
El Ministerio Fiscal tiene como misión constitucional la defensa de la legalidad (CE 124.1) y su jefe ha cometido un delito, luego no sólo no ha defendido la legalidad, sino que ha actuado en su contra, lo que constituye un hecho de máxima gravedad, de gravedad constitucional.
El fiscal condenado ha utilizado su cargo en perjuicio de la imagen pública de una de las principales adversarias políticas, haciendo buenas las palabras del Presidente de Gobierno cuando afirmó que el Gobierno manda en la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la creencia generalizada de que la FGE es una organización politizada.
No puede haber nada más grave que una de las principales autoridades del país utilice su cargo institucional para actuar contra su mandato constitucional, especialmente cuando el funcionario en cuestión es una de las más elevadas autoridades del sistema judicial y de la jurisdicción penal.
Esto es como que un Gobierno tenga la obligación de defender el interés general y actúe en su contra o que un juez tenga la obligación de cumplir la ley y no lo haga.
El fallo de la Sala de lo Penal del Tribuna Supremo contra el Fiscal General del Estado es corrupta por injusta, dada la incongruencia antedicha y con independencia del contenido de la sentencia.
Españoles por el futuro diría exactamente lo mismo si el Fiscal General del Estado fuera del PP y la mayoría de los magistrados de izquierdas.
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