La incapacidad de Sanchez para desplegar los fondos Next Generation

La llegada de los fondos europeos Next Generation debía convertirse en una oportunidad histórica para transformar la economía española tras la crisis provocada por la pandemia. Hasta 140.000 millones de euros —entre subvenciones y préstamos— se ofrecían como el mayor programa de inversión pública en décadas, con potencial para modernizar la industria, impulsar la digitalización, reindustrializar sectores estratégicos y acelerar la transición energética.

Sin embargo, cuatro años después del lanzamiento del Mecanismo de Recuperación, España se encuentra ante un serio problema: la ejecución efectiva de los fondos continúa lejos de los objetivos comprometidos y diversos programas esenciales acumulan retrasos, bloqueos administrativos y riesgo de infrautilización.

Un Gobierno desbordado por la gestión
El Ejecutivo había prometido que España sería un ejemplo de agilidad y eficacia en la canalización de los recursos, pero la realidad muestra una gestión profundamente descoordinada. La arquitectura elegida —centralizada, opaca y excesivamente burocrática— ha frenado muchos proyectos antes incluso de que pudieran arrancar.

Uno de los principales errores ha sido la sobrecarga del aparato administrativo, incapaz de manejar un volumen extraordinario de fondos con los mismos procedimientos y estructuras tradicionales. En lugar de reforzar capacidades, digitalizar procesos o simplificar trámites, el Gobierno optó por acumular competencias en ministerios saturados y agencias sin medios suficientes. El resultado ha sido una sucesión de convocatorias que se retrasan, resoluciones que no llegan y adjudicaciones que apenas se ejecutan a pie de empresa.

Los PERTE, una herramienta prometedora con resultados decepcionantes
El Gobierno presentó los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) como el buque insignia de la modernización económica. Innovación industrial, movilidad eléctrica, economía circular, salud de vanguardia… los objetivos eran ambiciosos.

Pero los resultados, de nuevo, están por debajo de lo esperado:

El PERTE del Vehículo Eléctrico sufrió múltiples replanteamientos y una ejecución insuficiente que dejó a grandes empresas y pymes sin acceso real a los fondos.

El PERTE del Chip, llamado a reforzar la autonomía tecnológica de España, se ha convertido en uno de los grandes damnificados por la falta de agilidad administrativa y la incapacidad de traducir anuncios en proyectos concretos.
El PERTE de Energías Renovables y el Hidrógeno Verde avanza con lentitud, en parte por la complejidad regulatoria que el propio Ejecutivo no ha sabido simplificar.

La consecuencia es un mensaje desalentador para la industria: España anuncia grandes estrategias, pero no ofrece un marco confiable para invertir.

La merma en los fondos disponibles: un retroceso estratégico
Los efectos de la incapacidad de gestión ya se están notando. El propio Gobierno reconoce que una parte significativa de los fondos asignados corre riesgo de no ejecutarse o de quedar fuera de plazo. Este escenario representa una pérdida económica potencial de decenas de miles de millones de euros.

Pero la pérdida no es solo financiera:

España compromete su capacidad de modernización industrial,
retrasa la transición energética,
limita la expansión de las pymes innovadoras,
y dificulta la creación de empleo de calidad asociado a proyectos de alto valor añadido.

En definitiva, un país que ya sufre desequilibrios estructurales —como baja productividad, dependencia energética y brechas tecnológicas— está dejando pasar una oportunidad que difícilmente se repetirá.

ICO Verde e ICO Empresas: líneas estancadas que afectan a miles de proyectos
Las líneas de financiación asociadas a préstamos europeos, concebidas para movilizar inversión privada, tampoco han despegado como se esperaba. La complejidad en la adjudicación, unida a la falta de coordinación con el sistema financiero y a requisitos administrativos difícilmente asumibles para pequeñas empresas, ha frenado el despliegue de iniciativas empresariales en todo el territorio.

Esto ha afectado de forma especial a proyectos de energía renovable, eficiencia energética y transformación digital. Muchos estaban listos para arrancar, pero se encontraron atrapados en un laberinto administrativo que retrasa o directamente bloquea cualquier avance.

Los principales perjudicados: ciudadanos y tejido productivo
Cuando un Gobierno no ejecuta fondos europeos, no sufre la Administración, sino la sociedad.
Las consecuencias ya se perciben en distintos niveles:

Las pymes pierden competitividad y oportunidades de innovación.
Los ciudadanos ven retrasadas infraestructuras, servicios públicos digitalizados o mejoras en movilidad y eficiencia energética.

El empleo cualificado que debían generar estos proyectos se ralentiza o desaparece.
Regiones enteras, especialmente las que más necesitan industrialización, ven frenado su desarrollo.
Cada euro no ejecutado es un metro de tren que no se electrifica, un centro tecnológico que no se moderniza, un proyecto industrial que no se implanta o una empresa que no puede crecer.

Un modelo que exige rectificación
Lejos de reconocer errores estructurales, el Gobierno continúa recurriendo a anuncios y cifras globales que no siempre reflejan la realidad sobre el terreno. La transparencia en la gestión es limitada, la evaluación independiente prácticamente inexistente y la interlocución con los sectores productivos insuficiente.

España no puede permitirse perder esta oportunidad. La solución exige:

Reordenar el sistema de gestión, aligerando burocracia y profesionalizando estructuras.
Reforzar la capacidad administrativa con perfiles técnicos, no políticos.
Colaborar con empresas, regiones y ayuntamientos, no marginarlos.
Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas sobre cada programa.
Acelerar la ejecución real, evitando convocatorias ineficientes o mal diseñadas.

Una oportunidad perdida
La transformación económica que Europa ofrece no puede convertirse en un ejercicio de propaganda. La falta de ejecución de los fondos Next Generation no es un fallo técnico aislado: es un síntoma de una forma de gobernar que prioriza el anuncio sobre los resultados, y que termina perjudicando a quienes más necesitan prosperidad, innovación y estabilidad.

España aún está a tiempo de rectificar, pero el margen se estrecha. Cada mes perdido compromete la modernización del país y la mejora de la vida de millones de ciudadanos. Recuperar el rigor, la eficacia y la responsabilidad en la gestión pública ya no es solo una cuestión de buena gobernanza: es una exigencia de país.

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