Ley de plurilingüismo de separatistas e izquierdistas: el nuevo ataque a la unidad nacional

La ley de plurilingüismo separatista nace de una mayoría que no disimula su objetivo. ERC, Bildu, PNV, BNG, Compromís y Sumar impulsan una norma que busca desmontar, pieza a pieza, los pilares que sostienen la unidad nacional. El PSOE se suma sin pestañear..

Esta norma elimina el español como lengua oficial única. Obliga a que las lenguas regionales ocupen espacios reservados siempre al idioma común. Impone su conocimiento en cuerpos nacionales de funcionarios hasta el punto de crear barreras internas entre españoles. La ley de plurilingüismo separatista destruye la igualdad de oportunidades y pervierte la esencia misma de un Estado cohesionado.

La propuesta no mejora la convivencia. La dinamita. Vacía de contenido jurídico la primacía del español y abre una brecha social diseñada para consolidar privilegios territoriales. La izquierda y los separatistas celebran este avance porque ven en cada concesión un paso más hacia esa disolución nacional que promueven desde hace décadas.

Lenguas regionales como arma política, no como riqueza cultural
La ley de plurilingüismo separatista no busca proteger el patrimonio lingüístico de España. Usa la lengua como herramienta de ingeniería social. Plantea que todos los textos normativos del Estado aparezcan redactados en lenguas regionales, otorgándoles el mismo valor jurídico. La burocracia se multiplica y el desconcierto se garantiza. La lógica desaparece.

El español deja de ser lengua vehicular en la enseñanza. Los niños vuelven a convertirse en rehenes de la ideología, víctimas de un proyecto que pretende criar generaciones incapaces de comunicarse fluidamente en la lengua común de más de 500 millones de personas. La izquierda sacrifica el futuro de los jóvenes por un puñado de votos.

La ley de plurilingüismo separatista también obliga a que los funcionarios destinados a regiones con lengua cooficial dominen esa lengua. El resultado es evidente: ningún funcionario de otras comunidades podrá acceder a esos destinos. Los cuerpos nacionales dejarán de ser nacionales. Y España seguirá fracturándose desde dentro, justo como quieren los separatistas.

El PSOE y su pacto con quienes quieren disolver España
El PSOE ya demostró con José Luis Rodríguez Zapatero y después con Pedro Sánchez que su prioridad no es España, que tienen el mismo proyecto de ruptura que los independentista pero con distintas velocidades. Esta ley de plurilingüismo separatista confirma esa deriva. El partido actúa como socio preferente de quienes buscan destruir el proyecto común que generaciones enteras levantaron durante siglos.

La izquierda no se conforma con la disolución cultural. También promueve la disolución social. Ambas agendas convergen en una alianza perfecta. A los separatistas les interesa romper España. A la izquierda, además de ello, le interesa moldearla según su ingeniería ideológica. El resultado es devastador: un país dividido, debilitado y sometido.

La ley de plurilingüismo separatista funciona como moneda de cambio. El PSOE entrega la unidad lingüística nacional a quienes lo chantajean para garantizar su supervivencia parlamentaria. España paga siempre la factura.

En regiones bilingües ya conocemos las consecuencias. Padres acosados por pedir educación en español. Niños discriminados. Profesores señalados. Ahora pretenden extender este mismo modelo de exclusión al conjunto del Estado.

Imponen la ruptura como si fuera progreso. Tratan de borrar el español de instituciones, escuelas, documentos oficiales y espacios públicos. La norma funciona como caballo de Troya: entra en el Estado bajo la apariencia de pluralidad para destruir su cohesión desde dentro. La lengua se convierte así en la herramienta perfecta para imponer ideología, desactivar la identidad común y romper los vínculos que sostienen la nación.

La ley de plurilingüismo separatista representa el siguiente paso del plan: una España irreconocible, reemplazada por un mosaico de microestados ideológicos y lingüísticos, ajenos entre sí y sometidos a intereses partidistas.

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