La UCO investiga un contrato de 18 millones de euros adjudicado a dedo por Correos en época del amigo de Pedro Sánchez
Al parecer, los equipos dejaron de utilizarse antes de finalizar el contrato, pese a la ampliación del plazo, lo que habría convertido la operación en un negocio ruinoso
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intensificado su investigación sobre Correos y varios contratos vinculados a Leire Díez, exdirectiva de la compañía y señalada como “fontanera” del PSOE. Según informa VP, el foco principal está en un contrato adjudicado a dedo por valor de 18,1 millones de euros para el suministro de televisores y servicios asociados en la red de oficinas de la empresa pública.
La documentación detalla que el contrato tenía como objetivo la implantación, mantenimiento y gestión de pantallas digitales en oficinas de Correos mediante un arrendamiento tecnológico. La adjudicación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad y fue firmada por Manuel Ángel Zapatero Sierra, responsable de la Unidad Directiva de Productos y Servicios, a quien sitúan como figura clave en varios contratos controvertidos.
El contrato se otorgó a la Unión Temporal de Empresas IKARO Digital Systems, cuya oferta fue la más económica de las tres presentadas, las otras propuestas no constan ni en el Portal de Contratación Pública ni en la resolución oficial. Los criterios de valoración otorgaban un 70 % al precio y un 30 % a la oferta técnica. En el pliego también figura la firma de Miguel Menéndez Busto, jefe de desarrollo y persona de confianza de Zapatero.
La adjudicación se produjo durante la presidencia de Juan Manuel Serrano, amigo personal de Pedro Sánchez, y se tramitó “en tiempo récord” y en pleno verano, coincidiendo con la reciente incorporación de Leire Díez a Correos. Aunque el presupuesto base era de 9,1 millones de euros para 30 meses, el contrato incluía modificaciones y prórrogas de hasta 60 meses que elevaron su valor total a 18,1 millones.
Al parecer, los equipos dejaron de utilizarse antes de finalizar el contrato, pese a la ampliación del plazo, lo que habría convertido la operación en un negocio ruinoso.
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