La Audiencia de Madrid ve malversación en el 'caso Begoña Gómez'
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, y ha confirmado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigarlas por un presunto delito de malversación, acordada el pasado mes de agosto. Se investiga si la asesora de Moncloa se extralimitó en sus funciones para favorecer "el presunto plan delictivo de la principal investigada" en la Universidad Complutense de Madrid.
Los magistrados de la Sección 23, que son los encargados de conocer los recursos que los investigados presentan contra las decisiones de Peinado, consideran que las conductas realizadas por las investigadas pueden encajar en la figura delictiva de la malversación. El tribunal sostiene que uno de los indicios clave para sostener este delito es el hecho de que "el nombramiento de la asistente de la esposa del Presidente de Gobierno, haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez".
Y es que, sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no recae en un funcionario experto en protocolo para el mejor ejercicio de la función, sino que recae en una persona de "su máxima confianza" para "asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público".
Los magistrados añaden que "probablemente la actividad de Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios".
Álvarez, quien percibía 49.000 euros anuales por su cargo como asistente de Gómez, fue nombrada por Presidencia del Gobierno a petición de la esposa del presidente, según declaró en diciembre ante el juez. Sin embargo, la investigación apunta a que sus funciones podrían haber superado los límites de su cargo, participando en actividades privadas de la cátedra y contactando con empresas colaboradoras como Reale Seguros, Deloitte, Telefónica o Google.
El delegado del Gobierno, desimputado
En esta rama de la investigación también estaba imputado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Sin embargo, la Audiencia de Madrid instó al juez Peinado a retirarle su condición de investigado al considerar que su imputación se basó en "meras suposiciones".
El togado le atribuyó un posible delito de malversación de caudales públicos "por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez Fernández, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y, por tanto, con fondos de naturaleza Pública". El juez consideró que, por aquel entonces, -julio de 2021- era el superior jerárquico de la asesora de Moncloa y mano derecha del actual ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Por lo que, en estos momentos, en esta causa se encuentran investigados Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos; Cristina Álvarez por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; y el empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.
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