Récord de detenidos yihadistas en 2025 mientras Interior minimiza la amenaza terrorista en España
España cerró 2025 con un récord histórico de detenciones yihadistas: 100 arrestos, la cifra más alta desde 2004, año de los atentados del 11-M. Un dato de extrema gravedad que contrasta con la mínima percepción social de la amenaza y con la estrategia deliberada del Ministerio del Interior de restar visibilidad a los episodios de terrorismo islámico que se siguen produciendo en nuestro país.
Desde 2023, la curva es inequívoca: 78 detenidos en 2023, 81 en 2024 y 100 en 2025. Sólo en 2004, tras la masacre de Madrid, se registró una cifra superior, con 135 arrestos. Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas advierten de que el incremento responde a una reactivación global del yihadismo, alimentada por la guerra en Oriente Próximo, el auge del islamismo radical y la propagación masiva de propaganda violenta en la dark web.
La mayoría de los detenidos no formaban parte de células estructuradas, sino que eran autorradicalizados, individuos que se adoctrinan en soledad y que, pese a no pertenecer a organizaciones jerarquizadas, constituyen un riesgo real y letal. Se trata de un perfil cada vez más frecuente: jóvenes nacidos o legalmente asentados en España, muchos de ellos menores de 22 años, que juran lealtad a Estado Islámico y actúan de forma imprevisible.
Las Fuerzas de Seguridad actúan de manera preventiva, interviniendo en fases tempranas de radicalización, incluso cuando todavía no existen planes concretos ni armas intervenidas. Esta estrategia ha permitido evitar atentados y víctimas, aunque a menudo conlleva penas reducidas o puestas en libertad, un coste asumido por los investigadores para impedir tragedias mayores.
España mantiene desde hace años un nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, reflejo de una demostrada amenaza alta. El país es señalado de forma recurrente en la propaganda yihadista como Al Ándalus, territorio que el islamismo radical considera propio. Sin embargo, el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha optado por una política de silencio y opacidad.
Un ejemplo paradigmático fue el ataque yihadista ocurrido en Madrid en noviembre, cuando un individuo hirió a varias personas en plena calle y atacó con un cuchillo a los agentes al grito de «Alá es grande». Pese a que para los investigadores no existían dudas sobre su carácter terrorista, Interior decidió no comunicarlo como tal, reduciendo su impacto mediático y social.
Fuentes policiales alertan de que esta estrategia es profundamente irresponsable. «Si no se habla del problema, parece que no existe», advierten. Pero la realidad es otra: el yihadismo sigue activo, se adapta, recluta en silencio y actúa con métodos simples pero mortales —cuchillos, atropellos, ataques improvisados— que hacen extremadamente difícil su detección.
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