“Efectivo, anonimato y una asociación pantalla: el modelo financiero que llevó a Sánchez al poder interno del PSOE”
Las primarias socialistas de 2017 continúan proyectando sombras. Años después de aquel proceso que devolvió a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, persisten interrogantes no resueltos sobre la financiación de su campaña interna y sobre el papel desempeñado por la asociación Bancal de Rosas, creada expresamente para canalizar las aportaciones económicas de simpatizantes.
Durante una comparecencia parlamentaria en el Senado, el tesorero de la entidad, Pedro Luis Egea, admitió que la asociación aceptó ingresos en efectivo y que no emitía justificantes a los donantes.
Según su testimonio, las aportaciones se realizaron mediante transferencias bancarias, ingresos directos en ventanilla o a través de una plataforma digital, y Bancal de Rosas logró recaudar aproximadamente 128.000 euros procedentes de más de dos mil donantes. Egea reconoció además que la mayoría de los aportes fueron de cuantía reducida, aunque podrían haber existido donaciones superiores a los 3.000 euros.
Las explicaciones no han despejado el malestar político. Juristas consultados subrayan que la normativa española exige que las donaciones a partidos políticos sean nominativas, trazables y efectuadas por vía bancaria, sin admitir entregas en efectivo que impidan la identificación del aportante.
Aunque la asociación insiste en que no actuaba como partido político y, por tanto, no estaba sometida a esa ley, el debate se centra en si parte de los fondos se utilizaron para financiar de facto la campaña interna de Sánchez dentro de una estructura partidaria.
El propio Egea afirmó que el dinero recaudado «nunca» se transfirió al PSOE y que la asociación «no tuvo relaciones formales» con la organización. Sin embargo, el uso de una entidad interpuesta para sufragar gastos de campaña y la negativa posterior a revelar la identidad de los donantes alimentaron críticas sobre la falta de transparencia y sobre la naturaleza opaca del mecanismo.
La controversia se agudizó cuando, durante otra comparecencia en el Senado, Pedro Sánchez aseguró no tener constancia de si su suegro –ya fallecido– contribuyó económicamente a la campaña. Esa respuesta dio pie a nuevas especulaciones políticas sobre el origen de determinadas aportaciones y sobre si existieron fondos procedentes de actividades empresariales ajenas a la política. Tales hipótesis no han sido acreditadas judicialmente, pero han servido para elevar el tono de la batalla partidista.
Más allá de la refriega política, la cuestión de fondo permanece intacta: ¿es compatible con los estándares actuales de transparencia que un candidato a liderar un partido utilice una asociación privada para recaudar dinero sin publicar la identidad de los donantes? ¿Y es asumible que ese sistema se sostenga sobre ingresos en efectivo en un contexto donde la legislación española ha endurecido el control sobre los flujos financieros opacos?
De momento, no existe resolución judicial que concluya que hubo financiación ilegal ni se ha demostrado que el PSOE se beneficiara económicamente de la operación. Sin embargo, las dudas persisten y el episodio ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar la regulación aplicable a las campañas internas de los partidos, que todavía se mueven en una zona gris donde la transparencia queda, a menudo, a merced de la voluntad política del candidato.
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