Plus Ultra en el punto de mira por presunto tráfico encubierto de dinero y drogas en maletas de viajeros
La aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez, Plus Ultra, quedó en el centro de una investigación tras revelarse que durante años operó la ruta entre Madrid y Malabo en colaboración con una empresa de Guinea Ecuatorial que actuaba como supuesta compañía aérea sin contar con los permisos legales necesarios.
Según documentación, imágenes y grabaciones conocidas por el diario El Español, la conexión entre la capital española y la ciudad africana habría sido utilizada para una operativa paralela que permitió el traslado de equipajes fuera de los controles habituales en ambos aeropuertos. En el corazón de este esquema se encontraba Punta Europa Aviación, una sociedad ecuatoguineana que se presentaba como aerolínea pese a no disponer del Certificado de Operador Aéreo (AOC), obligatorio para explotar vuelos comerciales regulares.
Punta Europa estaba presidida por Alejandro Envoro Ovono, una figura estrechamente vinculada al régimen de Teodoro Obiang. Además de su cargo empresarial, Ovono es senador y preside la Comisión de Seguimiento del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), la formación política que domina el Parlamento del país.
La estructura de la ruta se apoyaba en un reparto de funciones. Plus Ultra mantenía la licencia oficial para volar desde Madrid y aportaba los aviones y las tripulaciones. Por su parte, Punta Europa se encargaba de la venta de billetes, la gestión de equipajes y la coordinación de la operativa en Malabo, con la intermediación en España de la empresa Summerwind GSA.
De acuerdo con las fuentes citadas por el medio, este modelo permitió que se instaurara un sistema de «maletas autorizadas». Estos bultos, de gran tamaño y peso, se facturaban en un punto específico del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, alejado de los mostradores principales y de las zonas con mayor presencia de vigilancia. Aunque por sus características deberían haber sido tratados como carga aérea, eran tramitados como equipaje personal, lo que evitaba los controles ordinarios de Aduanas y Policía.
Las irregularidades habrían sido motivo de quejas reiteradas por parte de gestores del aeropuerto madrileño hacia la aerolínea española. Sin embargo, siempre según la información publicada, las advertencias no se tradujeron en cambios sustanciales, más allá de ser trasladadas al socio en Guinea Ecuatorial.
La ruta fue autorizada formalmente en agosto de 2021 y se mantuvo activa hasta noviembre de 2025. Durante ese periodo, Punta Europa continuó operando sin haber obtenido nunca el AOC ni disponer de una infraestructura local que respaldara su actividad, a pesar de presentarse públicamente como compañía aérea.
Las grabaciones internas a las que tuvo acceso El Español reflejarían que los propios directivos de la empresa ecuatoguineana eran conscientes de su situación irregular. En varios audios, admiten que no eran una aerolínea reconocida y que carecían de la certificación necesaria.
El desenlace llegó semanas después del cierre de la ruta, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizó un registro en las oficinas de la compañía y detuvo a varios de sus altos cargos, en el marco de una investigación que busca esclarecer el alcance real de la operativa desarrollada entre Madrid y Malabo durante más de cuatro años.
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