La Policía alerta de grietas graves de seguridad por la «regularización» masiva de inmigrantes
El Gobierno de Sánchez prevé activar en abril una «regularización» masiva que podría beneficiar al menos a 500.000 inmigrantes ilegales que residen en España. La medida, según fuentes policiales, no sólo tensionará al límite las unidades de Extranjería y Fronteras, sino que puede abrir un «agujero» en la seguridad al desbordar los mecanismos de control y verificación.
En el seno de la Policía Nacional la preocupación es creciente. La tramitación masiva de autorizaciones de residencia obligará a destinar a cientos de agentes a tareas administrativas: revisión de expedientes, comprobación de identidades, análisis de requisitos y verificación documental. Plantillas ya saturadas deberán asumir un volumen extraordinario de trabajo en un plazo que el Ejecutivo sitúa en tres meses, un calendario que las fuentes consultadas consideran inasumible sin refuerzos.
La consecuencia inmediata, advierten, será la pérdida de capacidad operativa en funciones clave. Las Brigadas de Extranjería tendrán que relegar investigaciones sobre redes de inmigración ilegal, trata de seres humanos o falsedades documentales. Es precisamente ahí donde, a juicio de los mandos consultados, se genera el riesgo: menos control estructural mientras se multiplican los trámites.
El malestar interno se ha intensificado por la ausencia de informes técnicos previos elaborados por las unidades especializadas. Ni la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales ni el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras habrían aportado informes de inteligencia criminal antes del anuncio del plan. «No se ha aportado un solo informe de inteligencia criminal. Esto va a ser un coladero para la seguridad«, señalan fuentes policiales, que alertan de la posible entrada de delincuencia y del incremento de matrimonios de conveniencia si los controles se debilitan.
Uno de los puntos que más inquietud genera es el relativo a los antecedentes penales. Para acceder a la regularización se exige carecer de condenas tanto en España como en el país de residencia en los últimos cinco años. Sin embargo, si el país de origen no remite la información en el plazo de un mes, el solicitante puede presentar una declaración responsable. En el ámbito policial consideran que esta previsión reduce garantías y puede facilitar la entrada en el sistema de personas con delitos graves no verificados.
La Comisaría General de Extranjería emitió el 10 de febrero una instrucción interna alertando de un aumento «significativo» de denuncias por extravío o sustracción de pasaportes por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados. Tras las comprobaciones pertinentes, muchos de esos expedientes correspondían a personas con antecedentes penales o policiales en sus países de origen, con identidades distintas a las declaradas o con resoluciones administrativas aún vigentes.
Entre el 15 de enero y el 6 de febrero las denuncias por pérdida de pasaportes aumentaron un 60% de media respecto al mismo periodo del año anterior. En ciudadanos pakistaníes el incremento alcanzó el 866,67%; en argelinos, el 356,25%; en marroquíes, el 114%; y en colombianos, el 35%. La Policía ha recomendado extremar la identificación plena de quienes aleguen pérdida documental para evitar fraudes.
El riesgo no es teórico. En Alicante, cuatro jóvenes argelinos fueron detenidos tras presentar certificados falsos de antecedentes penales. La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales contrastó la información a través de Interpol y comprobó que todos habían delinquido en Argelia. Fueron arrestados por falsedad documental y un juzgado abrió procedimiento.
La Policía teme que, cuando la regularización entre en vigor, la avalancha de solicitudes absorba por completo la capacidad de comprobación. Detectar identidades falsas, cruzar datos con bases nacionales e internacionales y verificar documentación exige tiempo y medios tecnológicos. Si estos recursos no se refuerzan, las comprobaciones podrían verse limitadas por pura falta de capacidad material.
Además, dentro del cuerpo se cuestiona la cifra oficial de potenciales beneficiarios. Algunas fuentes elevan el cálculo a cifras mucho mayores si se tiene en cuenta la figura del arraigo familiar. En ese escenario, advierten, el «parón operativo» en la Comisaría General podría prolongarse hasta dos años.
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