Sánchez, censura y mordaza: el manual del tirano
La acusación de desinformación y de pertenecer a la máquina del fango se ha convertido en el principal argumento de Sánchez para justificar el señalamiento directo de periodistas, medios y entidades críticas.
Pedro Sánchez sostiene que combate la desinformación, pero en la práctica impulsa una estrategia que erosiona la libertad de expresión, censura, persigue y pretende redefinir quién puede ejercer el periodismo en España.
En los últimos meses, el presidente ha llevado su discurso al Congreso. Ha citado nombres propios. Ha acusado públicamente a comunicadores de difundir bulos. El mensaje resulta claro: quien critica al Gobierno se convierte en sospechoso. Así, bajo la excusa de proteger a la sociedad, el poder político marca objetivos mediáticos.
La “máquina del fango” como arma política
El relato de la desinformación
Sánchez sostiene que existe una red de medios y comunicadores que no informan, sino que fabrican pseudonoticias y falsedades para “enfangar” la conversación pública. Según su versión, estos actores buscan deshumanizar al adversario político.
En sede parlamentaria o en mítines, el presidente ha señalado, entre otros, al presentador Iker Jiménez y al periodista Vito Quiles, acusándolos de difundir desinformación.
El gesto no resulta anecdótico. Un presidente de Gobierno que menciona nombres propios desde el atril del Congreso lanza un mensaje intimidatorio. El poder institucional se coloca frente a individuos concretos.
¿Por qué Sánchez necesita enemigos mediáticos?
Señalar a periodistas no es un error de comunicación ni una reacción improvisada: es una estrategia política deliberada. En el caso de Pedro Sánchez, esta táctica cumple al menos tres objetivos muy concretos que encajan perfectamente con el manual del poder cuando empieza a sentirse acorralado.
1. Polarizar al electorado
El primer efecto es la polarización. Al identificar a la prensa crítica con la “derecha y la ultraderecha”, Sánchez simplifica el debate público hasta reducirlo a un esquema binario: de un lado los “demócratas”, del otro los “difusores de bulos”. No se discuten hechos, se reparten etiquetas. No se responde a preguntas, se desacredita al mensajero.
Esta estrategia no busca convencer, sino movilizar emocionalmente a su base electoral. La crítica deja de ser legítima y pasa a ser “ataque ideológico”. Así se rompe cualquier posibilidad de debate racional y se sustituye por un clima de confrontación permanente donde solo existen buenos y malos. El periodista ya no es un intermediario entre el poder y la ciudadanía, sino un enemigo político más.
En este marco, la verdad deja de ser relevante. Lo importante es quién habla, no qué dice. Y si quien habla es “de los otros”, automáticamente queda descalificado.
2. Desviar la atención
El segundo objetivo es aún más evidente: desviar la atención. Cada vez que el foco se desplaza hacia la ética periodística, deja de apuntar a los escándalos de corrupción, al deterioro institucional o a la mala gestión económica.
Se trata de una técnica clásica: cambiar el tema cuando el tema es incómodo. En lugar de responder por los pactos con separatistas, por el uso partidista de las instituciones o por los casos judiciales de corrupción que rodean al entorno del poder, se abre un debate artificial sobre “los límites de la prensa” o “la responsabilidad informativa”.
El resultado es un control efectivo de la agenda. No se habla de lo que preocupa al ciudadano, sino de lo que conviene al Gobierno. Y mientras la opinión pública discute si un periodista ha sido “demasiado duro”, nadie pregunta por qué se han ocultado datos, manipulado estadísticas o aprobado leyes sin consenso social.
3. Justificar la censura
El tercer objetivo es el más peligroso: justificar la censura. Bajo pretextos aparentemente nobles como “proteger a los menores”, “cuidar la salud mental” o “luchar contra el odio”, se presiona a las grandes plataformas digitales para que eliminen contenidos incómodos.
La clave está en quién decide qué es “desinformación” y qué no. Si es el propio poder político, el resultado es obvio: cualquier mensaje crítico puede ser etiquetado como dañino, peligroso o extremista. No se censura en nombre de una dictadura o tiranía, sino en nombre del bien. No se prohíbe, se “regula”. No se silencia, se “protege”. Pero el efecto es el mismo: reducción o cancelación de la libertad de expresión, empobrecimiento del debate público y miedo a opinar.
Señalar a periodistas no es un accidente, es un síntoma. Cuando un Gobierno empieza a tratar a la prensa como adversario, es porque ha dejado de rendir cuentas y ha empezado a defenderse del escrutinio. Una sociedad no se debilita por la crítica, se debilita cuando el poder pretende controlar quién puede criticar y cómo. Y eso, históricamente, nunca ha terminado bien.
Es un patrón que se repite en las dictaduras comunistas. Primero se desacredita al mensajero. Luego se regula el mensaje. Finalmente, se silencia la crítica.
La frontera peligrosa entre regulación y censura
¿Quién decide qué es desinformación?
El problema no reside en combatir bulos reales. El problema surge cuando el poder político se erige en árbitro de la verdad. En una sociedad sana: Los jueces persiguen delitos; Los ciudadanos evalúan la información; Los medios compiten en credibilidad. En el modelo dictatorial de Sánchez: El Gobierno señala; Las plataformas censuran. La crítica se debilita.
La libertad de expresión en retroceso
España vive un momento delicado. Nunca antes un presidente había señalado directamente a periodistas concretos desde el Parlamento o en mítines. Nunca antes se había hablado con tanta naturalidad de cerrar espacios digitales por motivos ideológicos. El discurso oficial habla de protección. La práctica demuestra control.
Un periodista que teme represalias modera su tono. Un medio que teme sanciones evita temas incómodos. Así no hace falta censura directa. Basta con crear miedo.
La llamada “máquina del fango” no constituye una amenaza real para la democracia. La verdadera amenaza surge cuando el poder político se arroga el derecho de definir la verdad. Sánchez ha convertido la crítica en delito moral. Ha transformado la discrepancia en sospecha. Ha presentado la censura como protección. Sin libertad de expresión no existe sociedad libre. La prensa debe fiscalizar al poder, no someterse a él.
Hoy se persigue al periodista incómodo. Mañana se perseguirá al ciudadano crítico. Ese camino nunca termina en más democracia, siempre termina en tiranía. En este caso, en la tiranía de Sánchez.
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