Sánchez no ve en el escándalo sexual del jefe de la Policía un motivo de peso para forzar la dimisión de Marlaska
Pedro Sánchez ha pedido este miércoles que la investigación sobre el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, llegue "hasta las últimas consecuencias" tras la querella presentada por una inspectora que le acusa de agresión sexual, pero evitó respaldar la exigencia de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, planteada por el PP.
El presidente fijó la posición del Gobierno desde Nueva Delhi, donde se encuentra de viaje oficial, y defendió que el Ejecutivo actuó en cuanto tuvo conocimiento de los hechos.
Según explicó, Moncloa supo de la querella el martes y ese mismo día se retiró el respaldo al mando policial y se produjo su dimisión. "Conocimos unas acusaciones muy graves y lo que hizo el Gobierno fue manifestar su apoyo a la víctima y retirar el apoyo al anterior DAO", afirmó. A partir de ahí, añadió, corresponde a la Justicia continuar el proceso y depurar responsabilidades.
La querella, admitida a trámite por un juez, sitúa el origen de los hechos en un encuentro entre el alto mando y la inspectora. El escrito incorpora además otro elemento que amplía el alcance del caso dentro de la cúpula policial. La denunciante ha pedido que declare como testigo el comisario Óscar San Juan, hasta ahora mano derecha del DAO, al que atribuye un intento de convencerla para que no denunciara. Interior lo ha apartado también de su puesto.
El relevo del DAO afecta al principal responsable operativo del cuerpo, una figura clave en la cadena de mando policial. Su salida se produjo menos de 24 horas después de que el caso llegara al Gobierno. Esa rapidez es el argumento central que utiliza el Ejecutivo para sostener que la reacción fue inmediata y que no hubo margen previo de actuación.
Sánchez reforzó esa idea durante su comparecencia. Insistió en que el Ejecutivo ha respondido con "contundencia, coherencia y empatía con la víctima" y eludió vincular el caso a una eventual responsabilidad política del titular de Interior, sobre el que no hizo ninguna referencia directa. La oposición considera que el caso afecta directamente a la dirección política de Interior por producirse en el nivel más alto de la estructura policial.
El presidente rechazó asumir ese planteamiento y centró su respuesta en cuestionar la posición del PP. Afirmó que agradece que cómo la oposición "en este caso sí dé veracidad al testimonio de la víctima" y le pidió que actúe igual en investigaciones que afectan a su propia organización. En concreto, mencionó a la dirección del partido en la Comunidad de Madrid. El cruce de acusaciones trasladó el caso al terreno de la confrontación entre bloques pocas horas después de la dimisión.
En el plano interno, el Gobierno trata de limitar el impacto del caso a la responsabilidad individual del mando policial. La línea oficial es que no hubo conocimiento previo de la denuncia y que la respuesta se produjo en cuanto se confirmó su existencia. Esa secuencia permite a Moncloa situar el foco en la actuación posterior y no en el proceso anterior.
La posición fijada por Sánchez delimita el alcance político del caso. El DAO cae y el ministro se mantiene. El Gobierno presenta la dimisión del mando policial como respuesta suficiente y deja el resto en manos de la Justicia.
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