El Gobierno destinó 1,8 millones de euros en menús adaptados para inmigrantes ilegales en el CETI de Ceuta
El gasto del Gobierno en manutención para inmigrantes ilegales en el CETI de Ceuta alcanzó en 2024 los 1,8 millones de euros, una partida destinada a la elaboración de más de 420.000 menús adaptados a las necesidades alimentarias de los residentes en este centro de estancia temporal.
La cifra refleja el incremento de recursos públicos empleados para atender la presión migratoria en la ciudad autónoma, en un contexto marcado por el aumento de llegadas y la ampliación de los dispositivos asistenciales.
Según los datos conocidos, la gestión de estos servicios se articula en colaboración con Cruz Roja, entidad que ha reforzado su presencia y ha visto duplicados los recursos destinados a la atención de los inmigrantes en el CETI.
El objetivo de estos menús específicos es dar respuesta a las distintas realidades culturales y nutricionales de los residentes, lo que implica la elaboración de dietas diferenciadas y la adaptación de los suministros alimentarios.
El incremento del gasto en comida para inmigrantes ilegales en Ceuta se produce en paralelo al crecimiento de la ocupación del centro, que en distintos momentos ha superado ampliamente su capacidad inicial. Este escenario ha obligado a reforzar los contratos de suministro y los dispositivos de atención básica, entre ellos los relacionados con la alimentación.
La inversión en manutención forma parte del presupuesto global destinado a la gestión de la inmigración irregular, una de las áreas que mayor presión económica genera en las ciudades autónomas.
El CETI de Ceuta se ha convertido en uno de los principales puntos de recepción de inmigrantes que acceden a territorio español por la frontera sur, lo que implica un esfuerzo continuado en materia de alojamiento, asistencia sanitaria, seguridad y servicios básicos.
El aumento de los recursos asignados ha reabierto el debate político sobre el coste de la inmigración ilegal para las arcas públicas, especialmente en un momento de tensión presupuestaria y de discusión sobre la distribución de fondos entre comunidades autónomas y administraciones locales.
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