Moreno Bonilla se pliega a la Agenda 2030 y prohíbe la pesca recreativa y de autoconsumo
El Gobierno de Andalucía, en manos de Juanma Moreno Bonilla (PP), ha decidido prohibir la pesca recreativa y de autoconsumo en Almuñécar (Granada), en concreto en la Zona Especial de Conservación de los Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de la Mona.
La medida ha generado malestar entre los aficionados a esta actividad y ha abierto un debate sobre la gestión y protección de este enclave natural del litoral granadino.
El Ejecutivo autonómico ha defendido la necesidad de reforzar la protección del espacio marino, aunque no ha detallado públicamente los informes técnicos o científicos que respaldan la decisión. El objetivo, según el planteamiento general de la Junta, es preservar los valores ambientales y la biodiversidad de este espacio protegido.
VOX exige derogar la prohibición
Desde VOX, el portavoz adjunto en el Parlamento andaluz y responsable nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha reclamado al Gobierno autonómico que revoque la prohibición y aporte la documentación en la que se basa.
A su juicio, la medida se ha adoptado sin transparencia y perjudica a generaciones de pescadores que han desarrollado esta actividad de manera sostenible.
Alonso, que ha comparecido junto a la diputada granadina Cristina Jiménez, también ha defendido que la pesca recreativa y de autoconsumo puede desempeñar un papel positivo en la conservación del medio marino. En este sentido, ha señalado que esta práctica favorece la vigilancia ambiental y la revalorización del entorno, por lo que ha pedido que se reconozca como una actividad compatible con la protección del espacio natural.
El grupo político ha mantenido encuentros con asociaciones locales, como la de Pescadores Deportivos de la Costa Tropical, para analizar el impacto de la prohibición y trasladar sus reivindicaciones a la Cámara autonómica. Entre sus propuestas figura impulsar medidas que refuercen la conservación del área sin eliminar la pesca tradicional.
La controversia continúa abierta mientras los afectados esperan aclaraciones y posibles cambios en la normativa. Entretanto, el debate gira en torno al equilibrio entre la protección de los ecosistemas marinos y el mantenimiento de actividades históricas vinculadas al litoral.
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