Absolución definitiva de la brigada María Serrano
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles recibimos con profunda satisfacción la noticia de la absolución firme de nuestra compañera, la brigada María Serrano.
Esta sentencia no solo pone fin a un calvario judicial y personal de más de diez años, sino que ratifica que cumplir con el deber de denunciar presuntas irregularidades no puede ser jamás constitutivo de delito.
El caso de María Serrano es el vivo ejemplo de las enormes dificultades y represalias que deben enfrentar aquellos guardias civiles que deciden no mirar hacia otro lado ante la sospecha de corrupción.
Durante este proceso, la compañera ha sufrido consecuencias devastadoras que incluyen la pérdida de su especialidad en el Seprona, la pérdida de su vivienda en el acuartelamiento y largos periodos de baja, lo cual evidencia un sistema que, en lugar de proteger al denunciante, parece diseñado para desgastarlo hasta sus últimas consecuencias.
Es fundamental resaltar que el compromiso de María Serrano con la transparencia la llevó a participar de forma activa en Bruselas para la publicación de la Directiva de Protección a los denunciantes de corrupción y su posterior transposición a la ley española 2/2023 de protección a los denunciantes de corrupción.
Hoy día, y después de realizar una revelación pública conforme a esa norma, la compañera ha sido oficialmente declarada como PERSONA PROTEGIDA INFORMANTE por la Autoridad Independiente, un reconocimiento que avala la legitimidad de sus actuaciones frente a quienes intentaron criminalizarla.
El Código Penal Militar como herramienta de silenciamiento
AUGC denuncia nuevamente la anacrónica aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en el ejercicio de funciones policiales. Consideramos que situaciones como esta demuestran cómo, bajo el amparo de la disciplina y la jerarquía, se pretende en ocasiones silenciar las denuncias de corrupción y amedrentar a quienes pretenden actuar con integridad.
No es de recibo que se utilice la jurisdicción castrense para perseguir a una suboficial que simplemente cumplió con su obligación profesional de informar sobre irregularidades internas.
Es imperativo que se produzca una reforma legislativa profunda que retire el Código Penal Militar de la vida cotidiana de los guardias civiles.
La disciplina no puede ser utilizada como un bozal ni como una herramienta de persecución contra quienes actúan en defensa de la legalidad y la transparencia dentro de la institución. La protección de los alertantes, tal y como emana de las directivas europeas, debe ser una realidad efectiva en la Guardia Civil y no una declaración de intenciones que se desvanece ante la apertura de expedientes y juicios militares.
Un compromiso firme de futuro
Nos alegramos inmensamente por María, cuya valentía y tenacidad han sido admirables a pesar de verse sentada en el banquillo frente a peticiones de prisión e indemnizaciones desproporcionadas. Sin embargo, su absolución no borra el sufrimiento de una década ni el mensaje de miedo que se ha intentado enviar al resto del colectivo.
Por todo ello, desde AUGC reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando con todos los medios a nuestro alcance para que no se vuelvan a repetir estas situaciones de injusticia.
No permitiremos que se sigan utilizando mecanismos de control disciplinario para ocultar malas prácticas y seguiremos exigiendo un marco estatutario moderno, civil y garantista donde la denuncia de la corrupción sea un activo valorado y protegido, nunca un motivo de persecución judicial.
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