Igualdad vuelve a licitar pulseras «antimaltrato» con deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de las mujeres
La asociación feminista granadina La Volaera ha advertido de que las nuevas tobilleras que sustituirán a las polémicas pulseras antimaltrato presentan deficiencias técnicas y jurídicas que podrían comprometer «la salud e integridad de las usuarias».
El contrato, impulsado por el Ministerio de Igualdad, asciende a 71 millones de euros, ampliables hasta 111, y su plazo de licitación concluye este viernes. Un análisis elaborado por la entidad detecta carencias que considera graves en un sistema destinado a mujeres en riesgo por sus maltratadores.
La organización, que ya señaló fallos en los dispositivos anteriores en junio de 2024, sostiene que el nuevo pliego reproduce errores de planificación y añade otros nuevos Según la presidenta de la asociación, María Martín Romero, las irregularidades reflejan «mala praxis» en la definición de los requisitos tecnológicos y en la actualización normativa exigible en un contrato de esta envergadura.
Entre los aspectos más preocupantes figura la falta de exigencia de cobertura satelital para los dispositivos. El estudio denuncia que esta omisión deja en situación de desprotección a mujeres que residen en zonas rurales o de montaña.
Aunque la tecnología 3GPP Release 17 ya está implantada por operadores de la Unión Europea y en expansión en España, el pliego no la contempla. En su lugar, se limita a requerir cobertura terrestre y, en el caso del dispositivo asignado a la víctima, tecnología móvil de hace más de una década.
La Volaera advierte de que esta decisión puede generar desigualdades territoriales y limitar la localización efectiva de víctimas y agresores en todo el territorio nacional. El documento subraya que existen soluciones técnicas disponibles que no se han incorporado a los requisitos contractuales, lo que podría comprometer la eficacia del sistema de protección telemática.
El análisis también apunta a incongruencias normativas en la documentación de la licitación. En concreto, se exige el cumplimiento de legislación ya derogada, como el Real Decreto 3/2010, en lugar de la normativa vigente recogida en el Real Decreto 311/2022 que regula el Esquema Nacional de Seguridad. La asociación atribuye este desajuste al uso de modelos de documentos desactualizados.
A ello se suma, según el informe, una planificación deficiente del periodo de transición entre la empresa saliente y la nueva adjudicataria.
El Ministerio contempla la posibilidad de ampliar hasta seis meses el traspaso del servicio, pero el contrato en vigor sólo permite exigir a la actual UTE Vodafone-Securitas colaboración durante un máximo de tres meses tras su finalización. La discrepancia, sostiene la entidad, pone en cuestión la continuidad de la protección durante el relevo empresarial.
El estudio añade además que el pliego externaliza funciones consideradas nucleares a personal de empresa privada, lo que, a su juicio, vulnera el principio de minimización de datos al permitir el acceso directo a información sensible relativa a salud y condenas penales sin filtro administrativo previo.
Asimismo, denuncia falta de definición técnica suficiente en los requisitos funcionales y de seguridad, lo que dificultaría la competencia en igualdad entre empresas. El documento destaca que la adjudicataria deberá definir y poner en marcha la solución en apenas 60 días junto a la Delegación del Gobierno, un plazo que considera técnicamente improbable salvo para la actual UTE.
Por todo ello, la presidenta de La Volaera considera que el Ministerio gestiona de forma deficiente un sistema crítico para mujeres en situación de riesgo. La asociación recuerda además que a comienzos de febrero presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por los fallos detectados en las pulseras anteriores, que, según la ministra, funcionaban correctamente.
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