Vox judicializa en un marco de 36 querellas su pulso contra la disidencia
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, cifró hoy en 36 las «querellas por difamación» presentadas por su partido contra los militantes disidentes y medios de comunicación.
Frente a las acusaciones lanzadas por los críticos de la formación de la derecha radical, la dirección que comanda Santiago Abascal ha interpuesto estas demandas judiciales, de las que están pendientes de «cómo vayan avanzando», así como distintos actos de conciliación, que, según exponen fuentes voxistas, «vienen siempre después de la presentación» de sus escritos.
Garriga trató de desautorizar de nuevo las acusaciones dirigidas por los discrepantes al asegurar que Vox «es el único partido político que tiene 0 casos de corrupción, que tiene 0 casos de investigación tanto de líderes como de sus cuentas», obviando, por ejemplo, las sanciones del Tribunal de Cuentas por irregularidades en la formación.
El número dos de Abascal respondía así en una entrevista en RNE a las preguntas las acusaciones de dirigentes hoy apartados como Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith o José Ángel Antelo.
Asimismo, la judicialización también apunta al entorno de los disidentes, varios de ellos cofundadores de la formación, que suscribieron el manifiesto exigiendo la convocatoria de un congreso extraordinario. Quienes abominan de la línea ideológica y orgánica por la que han optado Abascal y los suyos han cuestionado públicamente desde la falta de democracia interna a la opacidad en las transferencias de fondos hacia la Fundación Disenso.
Contra cuentas en redes
Esta estrategia jurídica no se limita solo al ámbito mediático o a la disidencia interna, sino que se extiende a otros adversarios políticos y a perfiles activos en el mundo digital. Según explican las citadas fuentes, entre los objetivos figuran el líder de Compromís, Joan Baldoví; los exdirigentes de Podemos Pablo Iglesias y Pablo Echenique; el periodista Fonsi Loaiza; o el creador de contenido Rubio Donzé.
A esta lista se suman cuentas de redes sociales cuyas identidades prefieren no hacer públicas aún por estar bajo investigación. Se trata de un movimiento con el que la extrema derecha busca atajar lo que considera ataques sistemáticos.
Entre las acciones legales que ya han trascendido se encuentran, asimismo, las querellas por injurias y calumnias interpuestas contra medios como El Plural y The Objective, así como contra periodistas como José María Garrido, a raíz de la publicación de informaciones y audios sobre la organización juvenil Revuelta y la gestión de fondos para la dana.
Garriga cargó contra el PP -al que acusan de estar detrás de las denuncias de la vieja guardia- y el PSOE, «dos partidos de la misma moneda con casos de corrupción». Por ello, postuló a Vox como la formación que «aspira a ser la alternativa política, que tiene 0 casos de corrupción, pero muchos interesados en meternos en el mismo saco». «No solo venimos a cambiar la política sino a acabar con las malas prácticas de la política», enfatizó.
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