El Gobierno usa la Abogacía del Estado para impedir que Julio Iglesias conozca las denuncias de sus ex empleadas
Hito de una España con gobierno socialcomunista: un acusado de graves delitos no puede saber qué se declaró contra él. El Gobierno de Sánchez envía la Abogacía del Estado, que representa en este caso a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para presentar un recurso ante la juez de lo contencioso-administrativo que admitió la demanda de Julio Iglesias para obtener las denuncias contra él, cuyo contenido desconoce.
En un escrito, la Abogacía del Estado carga directamente contra el artista y alinea su posición con la Fiscalía para impedir la entrega de los documentos que originaron las diligencias preprocesales.
Julio Iglesias se defiende a ciegas al desconocer el contenido de la denuncia
La controversia arranca de una denuncia presentada por dos ex empleadas del cantante; ambas lo acusaban de agresión sexual y trata de seres humanos. La Fiscalía archivó las diligencias por falta de competencia, pero ni Julio Iglesias ni su defensa lograron conocer nunca su contenido.
Las dos denunciantes declararon por videoconferencia sin que el equipo legal del artista recibiera notificación alguna, y el cantante tampoco ha podido visionar el vídeo de esas declaraciones.
La defensa del cantante considera que esta situación vulnera sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la tutela judicial efectiva, porque le impide valorar si las acusaciones justifican acciones posteriores, como una posible denuncia por denuncia falsa.
Los argumentos de la abogacía del Estado
El abogado del Estado argumenta tres motivos de inadmisibilidad. En primer lugar, señala que «el auto recurrido excluye expresamente pronunciarse sobre cualquier otra cuestión distinta de la inadecuación del procedimiento».
En segundo término, sostiene que «el orden contencioso-administrativo carece de jurisdicción para el conocimiento y resolución del presente proceso; correspondiendo al orden penal o, su caso, civil». Por último, considera que la actividad no resulta impugnable en vía administrativa y propone que el cantante acuda directamente a la vía penal o civil.
Una paradoja que deja al artista a ciegas
El citado medio explica una paradoja procesal evidente: el expediente se archivó sin que el investigado accediera a su contenido, y la vía penal que le sugieren resulta especialmente complicada precisamente porque él fue el investigado y no el denunciante.
La juez de lo contencioso-administrativo, sin embargo, admitió a trámite el procedimiento y citó tanto a la Fiscalía como a la defensa del artista, ejercida por el penalista José Antonio Choclán.
Ahora, la juez debe resolver el recurso de reposición. La defensa confía en que la juez mantenga abierta la puerta a la transparencia y proteja el derecho fundamental del artista a conocer las acusaciones vertidas contra él.
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