El juez ha admitido al PP, Vox y Hazte Oír como acusaciones populares en la causa del caso Plus Ultra
La Audiencia Nacional ha admitido la personación del Partido Popular, Vox y la asociación Hazte Oír como acusaciones populares en la causa del caso Plus Ultra, en la que figura como imputado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tal como se anunció este martes.
Así consta en una providencia dictada este viernes por el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, y en la que el magistrado acuerda tener por personadas a las tres organizaciones después de que hayan consignado la fianza de 5.000 euros exigida para intervenir en el procedimiento.
El auto recoge expresamente que tanto PP como Vox quedan incorporados «en concepto de acusación popular», una figura jurídica que les permitirá participar activamente en la causa, acceder a parte de las actuaciones judiciales, solicitar diligencias de investigación y recurrir decisiones del juzgado.
La resolución también confirma la personación del abogado Víctor Moreno Catena como representante legal de Zapatero en la investigación abierta por el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
Además, el magistrado deja constancia de que actualmente existen tres acusaciones populares admitidas formalmente –PP, Vox y Hazte Oír– y otras cinco pendientes todavía de completar distintos requisitos procesales o depositar las correspondientes fianzas. Entre ellas figuran Manos Limpias, Liberum, así como Iustitia, Valores y Borja Fernández Peña.
Ante la proliferación de acusaciones populares, el juez ha dado traslado a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que en un plazo de dos días se pronuncien sobre la conveniencia de agruparlas bajo una representación conjunta, una fórmula habitual en causas de gran dimensión para evitar duplicidades procesales.
La providencia llega apenas unos días después de la imputación de Zapatero en el denominado caso Plus Ultra, una investigación que analiza posibles irregularidades en el rescate público de la aerolínea y en la que se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
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