El jurado del caso Hermanísimo valora imputar a un testigo por mentir

El juicio que investiga la presunta red de favores y prevaricación urdida en torno al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, ha vivido uno de sus momentos más críticos. El tribunal sopesa seriamente deducir testimonio —lo que equivale a abrir una imputación penal formal— contra uno de los comparecientes clave del proceso por un presunto delito de falso testimonio.

Se trata de José María Sánchez Sánchez, actual jefe en el Servicio Provincial de Bibliotecas de la corporación pacense, quien ha protagonizado una declaración plagada de incongruencias temporales y lagunas que han hecho saltar todas las alarmas del tribunal presidido por el magistrado de la causa.

El alto funcionario acudía a la vista para testificar sobre la limpieza en la creación y provisión de la jefatura de sección de actividades transfronterizas adjudicada a Luis Carrero Reyes, íntimo amigo del hermano de Pedro Sánchez y exasesor de la Moncloa.

 «Sí, yo unos días antes de entrar a trabajar, me dijeron desde Recursos Humanos, desde la dirección de área, que me proponían para la comisión de valoración y estuve ahí», ha confesado de manera sorprendente ante el micrófono de la sala. Una práctica administrativa inaudita que ha provocado miradas de estupefacción entre los magistrados, ya que el testigo justificaba su presencia en dicho órgano técnico bajo la premisa de que iba a ser el «jefe jerárquico» de la persona que resultase seleccionada.

 El testigo ha admitido que compartió mesa en esa misma comisión de selección con Manuel Candalija Valle, director del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional —actualmente imputado en la causa—, y con la jefa de Recursos Humanos de la Diputación, Inmaculada Cordón Rosado. A pesar del evidente blindaje institucional que rodeó el nombramiento, el jefe de Bibliotecas ha intentado parapetarse bajo el argumento de que todo el proceso fue transparente y que Carrero cumplía escrupulosamente los requisitos fijados en las bases.

Un único candidato «diseñado» para el puesto

«Yo no le conocía de nada y nadie me habló de él», ha defendido en un intento baldío por alejar la sombra del tráfico de influencias. No obstante, el relato de cómo se desarrolló el concurso público ha terminado por apuntalar la tesis de las acusaciones populares, que sostienen que se trató de una convocatoria teledirigida de principio a fin. 

El testigo ha reconocido que Luis Carrero fue el único candidato que se presentó al proceso de selección. Para justificar que no hubiera más competencia en una plaza pública, Sánchez Sánchez ha deslizado que el puesto tuvo la publicidad preceptiva y que se llevó a la mesa de negociación con los sindicatos.

 El traje a medida, según el declarante, se completó con una breve memoria técnica obligatoria para las comisiones de servicios en la que el amigo de David Sánchez obtuvo la calificación de «apto» debido, entre otras cosas, a la pulcritud formal del documento: «Entregó muy bien la memoria (tamaño de letra, duración de la entrevista) y fue apto».

Además, el testigo aportó en la fase de instrucción un informe emitido con papel de la diputación y provisto de firma digital de la institución, para corroborar su testimonio. «Se ha presentado un escrito emitido a petición de una parte (con papel de la diputación, con firma digital de la diputación) haciendo creer la apariencia de que es un papel oficial de la diputación que después ha sido negado hace unos minutos en la sala de vistas», ha denunciado de forma directa el abogado del PP ante el tribunal. 

En la práctica, el jefe de Bibliotecas habría utilizado los soportes y certificados digitales de la Diputación para elaborar un documento exculpatorio que la propia institución provincial no había tramitado de manera reglamentaria.

Ante la gravedad del hecho detectado en directo, el abogado Alberto Durán ha solicitado formalmente que se deduzca testimonio contra José María Sánchez Sánchez por dos vías penales. En primer lugar, por la aportación a un procedimiento judicial de un papel que no ha sido elaborado por la Diputación. En segundo lugar, por la comisión de un delito de falso testimonio que, a juicio del letrado de la acusación, ha resultado evidente durante la declaración.

«Solicito respetuosamente que la sala valore estas dos irregularidades», zanjaba Durán al término de su intervención. El tribunal, ante la posibilidad de un delito de falsedad cometido en el ejercicio de sus funciones por un empleado público, ha manifestado que deliberará sobre este asunto.

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