La Casa Real se dirige al Ministerio de Presidencia para trasladar una petición para convocar elecciones solicitada por Manos Limpias

La Casa de S.M. el Rey ha trasladado la petición del sindicato Manos Limpias de convocar unas elecciones adelantadas al Ejecutivo. El equipo de Felipe VI indica que la solicitud corresponde considerarla al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Tal como reza la misiva, que desvela IEN, Casa Real ha derivado el escrito al departamento de Félix Bolaños, tal como corresponde en cumplimiento de las leyes españolas en vigor.

El secretario general del sindicato, Miguel Bernad, ha rechazado esta respuesta con un nuevo escrito fechado este 4 de junio de 2026 y ha instado al Rey a actuar como árbitro sin necesidad de refrendo ministerial.

El pasado 27 de mayo, Bernad se dirigió al Palacio de La Zarzuela para solicitar que el Rey citara en el Palacio de La Zarzuela al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «con objeto de que convoque elecciones generales». La petición se formuló al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de petición.

La secretaria general de la Casa Real, Mercedes Araújo, firma este 3 de junio de 2026 la respuesta institucional en la que, citando el artículo 56.3 de la Constitución, recordaba que todas las decisiones y actos del Rey «estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo».

Araújo subrayó además que el artículo 64.1 establece que «los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes».

La misiva de la Casa Real citó también el artículo 66.2 de la Constitución, que atribuye a las Cortes Generales el control de la acción gubernamental: «Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.»

Petición de dimisión

En cuanto al fondo del asunto, la secretaria general de Zarzuela recordó que el mandato de los diputados es de cuatro años, y que la única vía constitucional para anticipar ese plazo es la prevista en el artículo 115.1, según el cual el presidente del Gobierno, «previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey».

Por esta razón, la Casa Real concluyó que «corresponde al poder ejecutivo considerar las pretensiones expuestas» y, lejos de archivar la petición, cumple escrupulosamente con Bernad y traslada la petición al Ministerio de la Presidencia. Lejos de no darle respuesta, Zarzuela no duda en remitir el escrito a Bolaños.

La respuesta, sin embargo, no ha apaciguado las exigencias de Bernad. A sus 84 años, en un escrito de réplica, el dirigente sindical ha argumentado que para ejercer la función de árbitro y moderador que el artículo 56 de la Constitución atribuye al Monarca, «no es necesario ni preceptivo el refrendo ni del presidente del Gobierno ni de los ministros».

El sindicalista considera que la petición de citar al presidente no constituye un acto formal del Rey, sino una «comparecencia para sugerirle que presentara la dimisión y convocara elecciones generales ante la gravedad de la situación de emergencia por la cual está atravesando España».

Bernad ha descartado asimismo que tenga algún valor práctico el traslado del escrito al Ejecutivo. «Trasladar el escrito al presidente del Gobierno carece de sentido, puesto que por activa y pasiva el presidente del Gobierno ha manifestado reiteradamente que agotaría la legislatura», ha señalado en un argumento que pone de manifiesto la aporía jurídica y política en la que se mueve la reclamación del sindicato.

Acusación en casos clave

Manos Limpias es un sindicato criticado habitualmente de forma furibunda por la izquierda española y conocido por su práctica de la figura constitucional de la acusación popular en procedimientos penales de alto voltaje.

La organización permitió la condena a Iñaki Urdangarin, ex cuñado de Felipe VI y ahora impulsa casos como los de David Sánchez, Álvaro García Ortiz o José Luis Rodríguez Zapatero.

Así, este intercambio epistolar entre este sindicato siempre en el ojo del huracán y el Palacio de La Zarzuela se produce en un momento de máxima delicadeza para Sánchez.

El debate sobre los límites constitucionales de la figura del Rey como árbitro y moderador —entre quienes sostienen que esa función está vaciada sin refrendo y quienes consideran que puede ejercerse mediante gestos y conversaciones privadas— queda así servido de nuevo sobre la mesa, aunque en esta ocasión su detonante sea un escrito sindical sin fuerza jurídica vinculante. La Corona ha cerrado la puerta con cortesía, pero también con precisión quirúrgica y legal. La pelota está ahora en un ministerio que nadie espera que la devuelva.

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