Sánchez impone la censura total a la Policía y la Guardia Civil para tapar la crisis de Ceuta: si informan serán sancionados
El Gobierno de Pedro Sánchez ejecuta un asalto directo contra la transparencia informativa y la libertad de expresión en España. A través de un aberrante y dictatorial real decreto, el Ejecutivo decreta un apagón informativo absoluto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en Ceuta.
Esta maniobra busca silenciar por completo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, prohibiendo cualquier reporte independiente sobre la situación real de la frontera para centralizar el relato de forma exclusiva en los despachos de la Moncloa.
Esta imposición autoritaria impide que la ciudadanía conozca el alcance real de la crisis migratoria, las agresiones en la valla y la falta de medios que sufren los agentes en la frontera. Mediante el uso del rodillo legislativo, Sánchez sustituye los datos técnicos y objetivos oficiales por propaganda gubernamental diseñada para mitigar el coste político de su gestión.
El decreto de la mordaza: Moncloa secuestra la información oficial
El Gabinete de Coordinación Informativa como filtro de la verdad
El Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, anula de forma fulminante la autonomía comunicativa de los cuerpos policiales. El texto del documento legal impone este control absoluto mediante un artículo redactado para perseguir cualquier filtración a los medios de comunicación:
«Artículo 10. Comunicación pública. La coordinación de la comunicación pública durante la vigencia de la presente declaración corresponderá a un Gabinete de Coordinación Informativa dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación, bajo la dirección de la autoridad que ejerza la Portavocía del Gobierno».
Esta ordenanza desmantela los departamentos de prensa locales de la Policía y de la Guardia Civil en Ceuta. A partir de este momento, cualquier agente que difunda estadísticas de entradas, alertas sanitarias o partes de incidencias sufrirá severas sanciones administrativas. El Gobierno establece así un régimen de miedo donde la única versión permitida pasa por el filtro de la Secretaría de Estado de Comunicación, convirtiendo la información pública en un monopolio gubernamental.
Purga de funcionarios por revelar datos reales
Esta deriva censora no representa un hecho aislado, sino que continúa una estrategia previa de castigo a los profesionales transparentes. El Ejecutivo destituyó recientemente a la jefa de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) por el simple hecho de confirmar la entrada de inmigrantes a los medios de comunicación. Esta purga interna anticipaba el apagón generalizado que ahora se legaliza por decreto para impedir que los datos veraces desmientan el discurso oficial de la Moncloa.
El desamparo legal y material de los efectivos desplegados
El decreto de Sánchez esquiva deliberadamente las soluciones operativas que demandan los agentes sobre el terreno y da prioridad absoluta a la ocultación informativa. La norma omite la activación de un estado de emergencia que otorgaría a los militares el estatus de agentes de la autoridad.
Como consecuencia, las Fuerzas Armadas quedan relegadas a labores pasivas de vigilancia, sin competencias legales para actuar en las tareas de expulsión o detención de quienes vulneran el perímetro fronterizo.
Lejos de reforzar las plantillas o enviar material antidisturbios, el texto se concentra en centralizar el mando político mediante estructuras burocráticas controladas desde Madrid:
«Artículo 7. Mecanismos de coordinación y gestión de crisis. 1. El Consejo de Seguridad Nacional ejercerá las funciones de dirección y coordinación de la gestión de la situación de interés para la Seguridad Nacional, sin perjuicio de las competencias de la Autoridad Funcional y del Consejo de Ministros. 2. El Comité de Situación asistirá al Consejo de Seguridad Nacional en la gestión de la crisis, ejerciendo las funciones previstas en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, y su normativa de desarrollo».
«3. Se activa una Célula de Coordinación permanente en apoyo de la Autoridad Funcional durante la duración de la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional. Dependientes de la Célula de Coordinación podrán crearse órganos de apoyo en zona para la ejecución de las directrices funcionales y aseguramiento de la coordinación interadministrativa en el territorio, sin perjuicio de las competencias de cada autoridad».
Esta red de comités y células permanentes no busca dotar de mayor protección a la ciudad autónoma, sino agilizar los traslados masivos de inmigrantes hacia la península de forma discreta, evitando el escrutinio de la opinión pública.
El cinismo del relato oficial frente al colapso de Ceuta
El preámbulo de la norma suaviza la gravedad de los acontecimientos de este verano mediante un lenguaje edulcorado que evita cualquier mención de conflicto diplomático con el país vecino:
«La entrada irregular de personas migrantes en la ciudad de Ceuta los días 30 y 31 de julio ha generado una presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida de las distintas Administraciones Públicas y ha afectado al funcionamiento ordinario de los servicios públicos, entre ellos los sociales, de protección de menores, seguridad, transporte y gestión administrativa».
El texto elude mencionar la inseguridad en las calles o el desbordamiento de las infraestructuras locales. En su lugar, el documento de la Moncloa recurre a una declaración de autocomplacencia que choca con las denuncias de los sindicatos policiales:
«Desde el inicio de la crisis, el Gobierno de España ha movilizado todos los recursos necesarios para reforzar la frontera, impulsar el retorno de las personas migrantes que accedieron irregularmente, y apoyar a la población ceutí. Estas actuaciones han permitido reducir drásticamente la presión inicial y mantener el orden público en la ciudad».
Las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional denuncian que la censura impuesta solo busca enmascarar el descontrol en la frontera y la desprotección absoluta de los funcionarios que arriesgan su vida en el vallado ceutí.
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