Una jueza de Valencia acredita que el PSOE pagó gastos electorales a otro partido para «restar votos al PP»
La magistrada del Juzgado número 13 de Valencia que ha investigado el denominado caso Azud ha acreditado que el PSOE pagó gastos electorales por un importe superior a 102.000 euros a otro partido político (Unión Valenciana) para perjudicar al PP con el objetivo de «restarle votos».
La jueza Pepa Tarodo ha dictado un auto, al que ha tenido acceso ED, en el que procesa a 38 personas por una presunta trama de corrupción vinculada a contrataciones y decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Xixona.
Una de las derivadas del caso Azud se centra, conforme informó este periódico, en los pagos por importe de 484.000 euros para gastos electorales del PSOE durante la campaña de 2007.
Al respecto, en el auto de 314 páginas con el que la jueza cierra la instrucción se incorpora dentro de esta cuantía una operación de los socialistas «con propósito de restar votos al Partido Popular».
La magistrada considera probado que Gigante Edificaciones y Obras, una de las empresas utilizadas por la trama investigada, abonó 102.080 euros destinados al pago de material electoral de Unión Valenciana.
Encargo del gerente del PSOE valenciano
La jueza detalla negro sobre blanco en su auto de incoación de procedimiento abreviado que el trabajo y el posterior pago fue encargado «personalmente» por el entonces gerente del PSPV-PSOE, Francisco Martínez Rico, a quien se le identifica erróneamente como tesorero en uno de los pasajes de la resolución.
La magistrada concluye que Gigante Edificaciones abonó a la empresa KEY un total de 102.080 euros correspondientes a una factura emitida el 22 de mayo de 2007 bajo el concepto «Servicio de creatividad, confección folletos, cartas y sobres para Unión Valenciana».
Por aquel entonces, la formación regionalista había perdido fuelle, pero todavía competía por el espacio electoral del centro derecha con el PP. La jueza afirma que Martínez Rico «personalmente realizó el encargo de dicha publicidad» e indicó que los trabajos fueran facturados a Gigante Edificaciones y Obras.
El auto detalla que cuando KEY reclamó a los socialistas el pago de este trabajo, Martínez Rico indicó que la factura debía emitirse a nombre de Gigante Edificaciones y Obras, que en última instancia abonó los 102.080 euros.
La jueza identifica con nombre y apellidos al comercial de KEY que realizó la facturación de los trabajos de publicidad para Unión Valenciana por encargo del que era el gerente de los socialistas.
La explicación que recoge el auto es que esta operación pretendía favorecer a Unión Valenciana «para restar votos al PP en las elecciones de 2007».
El PP ganó por mayoría absoluta
Finalmente, el PP ganó aquellos comicios por mayoría absoluta, tanto en el Ayuntamiento de la capital del Turia con Rita Barberá como en la Generalitat con Francisco Camps, y Unión Valenciana no obtuvo representación.
La candidata socialista en las municipales fue Carmen Alborch. La jueza concluye que una empresa del entramado pagó parte de material que estaba siendo producido para la campaña socialista. En concreto, 33.367 euros para sufragar el coste de 80.000 chapas, 125.000 globos blancos, 125.000 globos rojos, 5.000 llaveros, 1.000 kilos de caramelos y 500 camisetas.
El candidato socialista a la Generalitat aquel año fue Joan Ignasi Pla. El PSOE, entonces, estaba liderado por José Luis Rodríguez Zapatero.
Encausados del PP y del PSOE
Entre los encausados del caso Azud figuran los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau y Jorge Bellver, el exportavoz socialista en la misma corporación y también exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio, varios empresarios, funcionarios, un cuñado y tres sobrinas de la que fuera alcaldesa de la ciudad entre 1991 y 2015, Rita Barberá.
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