Existen razones de peso para dudar y sospechar de fraude en el voto por correo

La limpieza de los procesos electorales constituye el pilar fundamental sobre el que se asienta la legitimidad de cualquier nación soberana. Cuando los ciudadanos perciben fisuras en los mecanismos de votación, la confianza institucional se desploma de forma inevitable.

Dudar es legítimo, Del mismo modo, dudar sobre el funcionamiento de un sistema no siempre y ponerlo en cuestión es una realizar una prueba de algodón necesaria para asegurar su funcionamiento correcto.

Apliquemos esta lógica al voto por correo. Partidos políticos, agentes sociales y expertos han expresado sus sospechas sobre la limpieza del método, y el Gobierno ha acusado a la oposición de sembrar dudas sobre el sistema electoral.  En los últimos años, hay razones de peso para ello. Hay diversas causas judiciales abiertas en toda España por suplantación de identidad o por compra de papeletas que validan el descontento de los votantes.

Recordemos el método. El elector pide la documentación, la recibe, elige papeleta y devuelve el sobre a Correos, que lo guarda hasta el día de la votación. En la teoría, la identificación con documento oficial es el circuito de seguridad de manera infalible.

 En la práctica, existen solicitudes admitidas sin firma, firmas que el titular niega, concentraciones anómalas entre empleados municipales de corta duración y familiares, y votos emitidos por terceros sin conocimiento del interesado. Así lo demuestran numerosas causas judiciales que arrojan luz sobre las graves vulnerabilidades de la cadena de custodia postal.

Las cloacas de la picaresca local y la ingeniería de la abstención

Las investigaciones de los tribunales destapan operativas delictivas que superan la simple trampa espontánea y entran de lleno en la delincuencia electoral organizada, por ejemplo, el hecho de que un tercero pueda llegar a ejercer el derecho al voto en nombre de un ciudadano con el total y absoluto desconocimiento de este. Eso fue precisamente lo que sucedió en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe, en donde un vecino declaró que jamás votó en las municipales de 2019, y que la firma de la solicitud no era suya.

El caso andaluz

El caso andaluz destapó un modus operandi escalofriante. En este municipio sevillano, según informes a los que tuvo acceso este medio, hasta 132 votos —el 46%— fueron modificados en la propia oficina de Correos, y varias solicitudes tramitadas el mismo día se retuvieron y dosificaron hasta veinte días después para no levantar sospechas. La tasa local de voto por correo llegó al 14,92%, frente a una media nacional en torno al 3,6% en aquellas municipales. Patrones similares se han detectado en municipios de Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real.

La vulneración de las urnas aprovecha los agujeros negros del censo para inflar los resultados de forma fraudulenta. Hacer votar a un abstencionista es posible. Así lo ha admitido esta semana Ilde Ruiz Padilla, un trabajador de Correos que lleva 25 años gestionando el voto por correo. Tal y como ha explicado en un hilo viral en X, el Gobierno dispone de información precisa sobre circunscripciones, mesas y participación, tanto a través de las actas como de los apoderados de los partidos.

Con el censo completo no solo se conoce el porcentaje de abstención, sino el nombre y apellidos de quienes no votan. «En España hay cientos de miles de personas que no votan nunca», ha explicado. A partir de ahí puede suceder lo que llama «ingeniería electoral»: cruzar esos abstencionistas históricos con la operativa de Correos y generar solicitudes y votos por correo a su nombre.

Por otro lado, en cuanto a la compra de votos a cambio de puestos de trabajo o gratificaciones económicas, uno de los expedientes más voluminosos es el denominado caso Melilla, donde la formación Coalición por Melilla (CpM) presuntamente prometió contratos públicos y abonó el voto de diversos ciudadanos utilizando fondos de carácter público. En Mojácar y Albudeite también se investigan operativas de captación mediante dinero, promesas de empleo o ayudas sociales. No son hipótesis de la oposición en campaña: son procedimientos judiciales abiertos.

El descontrol del voto exterior y la devaluación de las garantías de auditoría

El flanco más permeable de los comicios se localiza en las delegaciones del censo de los españoles residentes fuera de las fronteras nacionales. Al voto del exterior se le ha restado, además, trazabilidad de manera deliberada. Documentación interna de Correos, muestra que cuatro días antes del 23-J de 2023 se autorizó generar despachos CERA por rango: bastaba escanear el primer y el último envío para incluir el bloque entero. 

El control individual que se aplicaba en 2019 desapareció justo cuando el universo potencial saltó de unos 226.000 votantes a 2,3 millones. Ese método reducido sigue en vigor para los más de 2,7 millones de inscritos actuales. Si la suplantación es posible y se ha dado en territorio nacional, ¿cómo no podría darse con quienes votan en La Habana? ¿Quién lo reclamaría?

Las estadísticas de los últimos escrutinios alimentan la desconfianza de los analistas sobre la limpieza de estas valijas consulares. En este sentido, hay indicios para la sospecha. En las últimas autonómicas de Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura ganó el PP, pero en el CERA ganó el PSOE. El volumen fue pequeño, pero el censo que lo alimenta no ha dejado de crecer.

Hay estudios que sitúan en hasta 23 los escaños nacionales que podrían moverse por el voto exterior ampliado por la ley de nietos. Ya existen 162 municipios con más electores CERA que residentes, y en Madrid uno de cada siete votantes está fuera, con 422.732 inscritos y 107.197 altas netas desde 2023. Por todo ello, las dudas sobre el voto por correo, y más del exterior, son cuando menos razonables.

Tan razonables que Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo que se suspendan las elecciones generales porque van a celebrarse con un «censo adulterado» por la inclusión de 163.020 electores con la ley de nietos.

Un sistema bajo sospecha que exige transparencia absoluta e inmediata

Las revelaciones judiciales sobre las trampas postales confirman que existen dudas más que razonables para sospechar del voto por correo en España. Estas dudas no solo no han desaparecido con el tiempo, sino que han ido a más con cada proceso electoral convocado. La negativa sistemática de las autoridades a endurecer los controles de los envíos exteriores y la aceleración de las nacionalizaciones mediante atajos legislativos debilitan las garantías democráticas básicas.

El blindaje de las urnas exige una fiscalización estricta que impida que funcionarios corruptos o intermediarios partidistas usurpen la soberanía del pueblo. El Ejecutivo minimiza las irregularidades detectadas en Almería, Sevilla o Melilla tratándolas como simples anécdotas, pero la reiteración de los patrones delictivos apunta a una vulnerabilidad sistémica.

La Ley de Nietos y el voto exterior han aumentado exponencialmente las sospechas. Ningún gobierno con vocación democrática legítima debería oponerse a auditar las valijas consulares ni a exigir la identificación personal ineludible en cada fase del envío. Proteger la limpieza de las papeletas es la única vía para asegurar que los gobernantes emanen de la voluntad real de las urnas y no de la ingeniería contable de los despachos postales.

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