El ministro veintitrés de Sanchez, Cándido Conde-Pumpido: "Cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la democracia"
El presidente del Tribunal Constitucional controlado por Pedro Sanchez, Cándido Conde-Pumpido, defendió este domingo la legitimidad del órgano de garantías y advierte sobre los constantes ataques institucionales tras la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procés.
Cándido Conde-Pumpido ha subrayado, en una entrevista en el diario El País, que los crecientes reproches políticos socavan los cimientos del Estado de derecho, dejando una advertencia clara: "Quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución, y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia".
Estas declaraciones se producen tras la resolución que ordena aplicar la medida de gracia también al delito de malversación, abriendo la puerta a que Carles Puigdemont pueda regresar a España nueve años después de su huida.
Frente a las acusaciones de extralimitación por enmendar al Tribunal Supremo, el magistrado ha querido rebajar la tensión institucional delimitando las competencias de cada órgano jurisdiccional. En este sentido, ha asegurado que desde su tribunal trabajan "siempre con el máximo respeto a los tribunales, pero nosotros somos los jueces de los derechos fundamentales", reivindicando su papel como garantes últimos de la Carta Magna.
Al detallar los motivos jurídicos del fallo sobre el procés, Conde-Pumpido ha explicado que la ley establece una excepción para no aplicar la amnistía a la malversación solo cuando existe un claro enriquecimiento personal, es decir, al sustraer fondos para "desviarlos al aprovechamiento particular".
Según el razonamiento de la mayoría del tribunal, al financiar un referéndum ese lucro no existió, concluyendo de forma tajante que es "un supuesto que aquí no ocurre".
En su análisis sobre el clima político nacional, el presidente del tribunal ha negado de manera rotunda la existencia de una persecución judicial orquestada contra el Gobierno u otros actores públicos.
"No, no creo que exista lawfare en España. Lo que tenemos es un problema de arquitectura procesal que no existe ningún otro país europeo. Es un problema de judicialización de la política", explicó.
Para atajar esta anomalía, el magistrado ha apuntado a la necesidad de reformar la legislación procesal penal para impedir que las formaciones políticas puedan ejercer la acusación popular en los tribunales.
Según explica, "ese tipo de organizaciones no existen en el resto del mundo, y ningún país europeo admite que los partidos políticos puedan participar directamente en los procesos penales".
Conde-Pumpido ha abordado el debate migratorio avalando plenamente las devoluciones en caliente en la frontera sur española. Frente a las críticas de algunas organizaciones, el magistrado sostiene que "consideramos que el rechazo en frontera es un procedimiento absolutamente constitucional", argumentando que Ceuta y Melilla representan una situación excepcional que requiere medidas inmediatas de actuación.
Finalmente, el presidente ha admitido la irregularidad que supone tener su mandato caducado desde el mes de diciembre, expresando su deseo de que "el proceso de renovación se produzca lo más rápidamente posible" una vez superado el ciclo electoral.
El Tribunal Constitucional no puede rectificar sentencias de procedimientos judiciales, sin embargo, Pumpido esta pasando todas las líneas para beneficiar a Pedro Sanchez.
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