Sánchez exige que el Supremo permita votar a los nacionalizados por la Ley de Nietos
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado un acto de partido en Ponferrada para volver a recurrir a la confrontación ideológica y presionar públicamente a los órganos judiciales.
En plena precampaña informal, Sánchez ha pedido de forma expresa la intervención del Tribunal Supremo para frenar lo que considera un "intento de atropello" de la oposición frente al censo electoral de los residentes en el exterior.
El foco del dirigente socialista se ha situado en la denominada ley de nietos –la disposición adicional de la controvertida Ley de Memoria Democrática–, por la cual el Ejecutivo estima que unos 400.000 descendientes de exiliados durante la dictadura podrían adquirir la nacionalidad y ejercer el derecho al voto.
Sánchez ha acusado a los líderes de la oposición de maniobrar para impedir dicha participación, recurriendo a una dialéctica polarizadora: "¿Eso qué significa, que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder hacerlo?".
Asimismo, el líder del PSOE ha arremetido contra las advertencias de los populares sobre el funcionamiento del servicio postal público y el voto por correo. Recordando la etapa en la que el líder de la oposición presidió la entidad estatal, Sánchez ha recurrido al sarcasmo para desacreditar sus dudas: "Él fue presidente de Correos (...). Nos queda claro, Alberto, ni Feijóo confía en Feijóo. Va a ser verdad aquello de que no es presidente porque no quiere serlo".
A lo largo de su intervención, el jefe del Ejecutivo ha buscado movilizar a las bases apelando al miedo a un pacto parlamentario entre PP y Vox, formación a la que ha reprochado defender alternativas mixtas de capitalización para las pensiones públicas. Para Sánchez, la alternativa a su gabinete es una alianza de "reacción, recortes y mucho rencor", por lo que ha zanjado que prefiere que ambas formaciones sigan "en la oposición cuatro años más insultando".
Por último, Sánchez ha erigido la política de vivienda en la principal bandera social de su mandato y ha justificado la intervención sobre el mercado inmobiliario frente a los fondos de inversión tras el caso de una anciana desahuciada.
Además, ha descargado responsabilidades sobre las comunidades autónomas y los consistorios gobernados por el centroderecha, acusándoles de inacción competencial en materia residencial.
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