Un estudio calcula en 5.432 millones el coste de la corrupción ligada al Gobierno y al PSOE
El Instituto Juan de Mariana ha puesto cifra a lo que, a su juicio, le cuesta a España la corrupción vinculada al Gobierno central y al PSOE: 5.432 millones de euros de impacto económico directo.
El cálculo forma parte de un anexo de su informe Blindaje democrático y se ha dado a conocer este 14 de octubre. No es una sentencia ni un informe de la UCO: es la estimación de un think tank, elaborada a partir de más de 2.300 informaciones periodísticas clasificadas y cruzadas.
Qué suma el Instituto y qué distingue
De los 5.432 millones, el estudio separa 2.166 millones confirmados por resoluciones oficiales y 3.266 millones que siguen bajo investigación judicial. La distinción es importante: más de la mitad de la cifra corresponde a casos todavía abiertos, en los que las personas y las empresas citadas son presuntas implicadas o investigadas y gozan de la presunción de inocencia.
El desglose por casos, tal y como lo presenta el Instituto, es el siguiente: 1.250 millones por las pérdidas de Correos y contratos bajo sospecha; 750 millones por el caso Zapatero, según la valoración de la UCO, y el rescate de Plus Ultra; 700 millones por el caso Koldo y Ábalos, con obra pública y mascarillas; unos 616 millones por los rescates de la SEPI a Air Europa y Duro Felguera; 537 millones por el caso Santos Cerdán y las comisiones vía Servinabar; y 500 millones por el caso Forestalia, sobre permisos de energía eólica.
La lista sigue con 465 millones investigados por la Fiscalía Europea por fondos de la UE, unos 300 millones de un fraude del IVA en hidrocarburos desmantelado por Hacienda, 148 millones en contratos a familiares de altos cargos, 133 millones del caso Leire Díez, 25 millones del caso CNIO y 8 millones del caso de Begoña Gómez, vinculado a contratos con la empresa de Juan Carlos Barrabés. Además, el Instituto destaca unos 5.000 millones en contratos adjudicados sin concurso público.
3.700 euros por español y 181.000 millones al año
El estudio va más allá de los casos concretos y sostiene que si España convergiera con los estándares institucionales que le corresponderían por su nivel de desarrollo, la renta per cápita podría crecer un 10,7% a largo plazo. Aplicado a la economía actual, el Instituto estima una pérdida anual de unos 181.000 millones de euros, es decir, en torno a 3.700 euros por habitante y año (el cuerpo del texto habla de 3.660). Es una proyección económica del propio think tank, no un dato oficial.
Los rankings internacionales que cita
Para respaldar su diagnóstico, el informe recurre a varios indicadores internacionales. Según el índice de derechos de propiedad construido con datos del Banco Mundial, España ocupa el puesto 30 de 37 países de la OCDE, lastrada por la independencia judicial y la estabilidad política.
En el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional cae al puesto 49 de 182, con la puntuación más baja de su serie. También se citan indicadores del World Justice Project sobre los límites al poder ejecutivo y el informe sobre Estado de derecho de la Comisión Europea, en el que una amplia mayoría de ciudadanos y empresas ven la corrupción como algo extendido.
Casos sin cifra y un contexto judicial abierto
El Instituto enumera además episodios de lo que llama opacidad y captura institucional sin ponerles precio: la condena del hermano del presidente por prevaricación y tráfico de influencias, la inhabilitación del fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, la tramitación irregular de visados en consulados, el fraude censal vinculado a la ley de nacionalidad, las investigaciones sobre la cúpula de la Guardia Civil, los procedimientos por la falta de mantenimiento tras el accidente ferroviario de Adamuz y los fallos organizativos en la gestión de emergencias, como la DANA de Valencia, y de crisis migratorias, como la de Ceuta.
El estudio llega mientras la justicia sigue moviéndose. Anticorrupción aprecia indicios contra el PSOE en el caso Leire pero considera prematura su imputación, y que el juez Pedraz ha aplazado decidir sobre esa imputación hasta escuchar a Cerdán.
Lo que no dice el estudio
El texto no recoge respuesta alguna del Gobierno, del PSOE ni de las personas citadas, y tampoco aclara quién financió o redactó el anexo. Conviene leer la cifra como lo que es: una estimación de un instituto de orientación liberal que suma casos de naturaleza muy distinta, desde sentencias firmes hasta investigaciones que pueden terminar en archivo.
Aun así, el dato de que más de 2.000 millones cuenten ya con resoluciones oficiales sitúa el debate sobre la corrupción en el centro de la precampaña, a menos de dos meses del 29 de noviembre.
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