El Supremo acusa por primera vez al Constitucional de invadir sus competencias
El auto cierra la página del ‘procés’ en el Supremo, después de que el Constitucional le obligara a aplicar la amnistía con el carácter urgente y preferente que fijaba la ley. En él, los magistrados reprochan a la mayoría progresista del tribunal de garantías, presidido por Cándido Conde-Pumpido, que su fallo a favor de Dolors Bassa incluya consideraciones «manifiestamente prescindibles» para conceder el amparo.
Los firmantes Andrés Martínez-Arrieta, presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena y Antonio del Moral censuran expresiones como «drástica contradicción», «reducción teleológica», «interpretación extensiva», «interpretación impredecible» o «distanciamiento del sentido común y de la lógica». Las consideran «absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto».
A su juicio, «la corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia».
El auto recuerda que la resolución, suscrita por siete magistrados del Constitucional, «encierra una descalificación que alcanza a otros catorce magistrados». Entre ellos figuran los cinco que firmaron las resoluciones recurridas, tres de la Sala de Apelación, el instructor de la causa y cinco magistrados del propio Constitucional.
Estos últimos expresaron en un voto particular su desacuerdo con la «reiterada suplantación del rol funcional» del Supremo en la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria.
Los magistrados de la Sala Segunda sostienen que el Constitucional ha roto con su «propia jurisprudencia histórica» y que el alcance de sus decisiones «se ha ensanchado hasta límites inéditos en su propia historia». Recuerdan que el artículo 123 de la Constitución establece que el Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales.
Advierten de que la «mutación» del Constitucional en una «última instancia con capacidad revisora de la interpretación de cualquier norma jurídica suscrita por el Tribunal Supremo está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978».
El malestar en el Supremo se arrastra desde hace algo más de dos años, cuando el Constitucional corrigió a la Sala Segunda y dejó sin efecto la malversación en el caso de los ERE. A ello se sumó la admisión de un amparo a un fiscal nombrado por Dolores Delgado, con el que corrigió a la Sala Tercera. El Constitucional ya ha respondido: Conde-Pumpido reclamó «respeto» a la jurisdicción constitucional tras la crítica del Supremo.
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