Otra farsa más: El Tribunal de Cuentas ha archivado la causa del 1-O sin que se dictara sentencia en 7 años
El escenario institucional español asiste a un nuevo episodio de degradación política que confirma la capitulación de los organismos de control ante el poder político. El carpetazo definitivo a la causa por el desvío de fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y las embajadas independentistas destapa una estrategia de dilación deliberada.
La farsa del Tribunal de Cuentas, un órgano llamado a velar de forma estricta por el dinero de los contribuyentes, culmina con el archivo generalizado del expediente sin que los consejeros hayan sido capaces de redactar una resolución condenatoria en siete años de tramitación. La aplicación de la Ley de amnistía del Ejecutivo central sirve de coartada perfecta para borrar la responsabilidad de Carles Puigdemont y de otra treintena de encausados.
La decisión de la institución que preside Enriqueta Chicano levanta una ola de indignación interna entre los propios técnicos y funcionarios de la casa. Los profesionales del tribunal observan con estupor cómo la pasividad procesal torpedea el trabajo fiscalizador de casi una década. La parálisis administrativa responde a un diseño meditado.
Fuentes del Tribunal de Cuentas detallan que el malestar interno no brota exclusivamente del archivo final, sino de las maniobras previas de la consejera encargada de la instrucción, Elena Hernáez. Las citadas fuentes del entorno del órgano afirman de manera categórica la realidad de estas directrices internas: «la consejera Elena Hernáez decidió hace meses no dictar sentencia y recurrir al TJUE».
La inacción deliberada de la Sección de Enjuiciamiento
El bloqueo de la resolución judicial mediante el traslado de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea funcionó como el mecanismo ideal para ganar tiempo hasta la entrada en vigor del perdón parlamentario.
Esta pasividad contradice directamente los mandatos judiciales de las instancias superiores del Estado, que exigían una determinación contundente sobre el dinero desviado por la Generalidad de Cataluña. Los propios integrantes de la institución fiscalizadora denuncian este quebrantamiento institucional en los pasillos del organismo:
«El Tribunal Supremo en su sentencia sobre el golpe del 1-O, dictada en octubre de 2019, encomendó al Tribunal de Cuentas analizar la responsabilidad contable de los golpistas. Sin embargo, 7 años después el procedimiento se ha archivado en aplicación de la Ley de amnistía sin que hubiera sentencia del propio Tribunal de Cuentas».
La trayectoria de la consejera Elena Hernáez, designada en su día en el marco de los repartos de cuotas partidistas entre el Gobierno y la oposición parlamentaria en 2021, acumula ya varios precedentes similares. Diversos procedimientos de gran relevancia económica vinculados al fraude de los expedientes de regulación de empleo del PSOE en Andalucía sufrieron idéntica inactividad bajo su responsabilidad directa, lo que confirma un patrón de conducta sumamente perjudicial para la transparencia de las cuentas públicas.
El borrado de los millones invertidos en las embajadas catalanas
La farsa adquiere tintes grotescos al contrastar el volumen del dinero público bajo sospecha con las cuantías que finalmente entraron en la reclamación formal. El Tribunal Constitucional determinó en su día la ilegalidad manifiesta de la acción exterior de las delegaciones de la Generalidad.
El propio Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en la primavera de 2019 un informe de fiscalización demoledor que cifraba en 417 millones de euros los fondos destinados por la administración autonómica catalana y el consorcio Diplocat para promocionar la secesión fuera de las fronteras españolas entre 2011 y 2017.
El dossier técnico recibió el aval casi unánime del Pleno y el voto favorable de la actual presidenta, Enriqueta Chicano. Sin embargo, mediante sucesivas unificaciones y rebajas de criterio, la demanda final se redujo a la irrisoria cifra de 3,4 millones de euros, una cantidad que el archivo definitivo disuelve por completo.
Los trabajadores del ente público lamentan los esfuerzos materiales y humanos tirados a la basura debido a este colapso intencionado del procedimiento:
«el Tribunal de Cuentas ha estado casi 10 años trabajando en la responsabilidad contable de los golpistas del 1-O en balde. El archivo del procedimiento por la amnistía molesta, pero lo que realmente indigna es que ni siquiera el tribunal que preside Chicano llegara a dictar sentencia previamente. No es la primera vez que sucede esto con la consejera Elena Hernáez, ya que algunos procedimientos relacionados con los ERE del PSOE de Andalucía que eran su responsabilidad han corrido la misma suerte».
El cierre del caso consagra una desprotección absoluta de las arcas del Estado. La ausencia de una sentencia firme tras siete años de pasividad deliberada sepulta la posibilidad de reintegrar el patrimonio desviado, transformando la fiscalización pública en un mero trámite administrativo sometido a las urgencias de los pactos políticos de Moncloa.
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