Sánchez dedica 158 millones de euros en ayudas a Marruecos mientras Ceuta sigue colapsada por la invasión
La cooperación económica e institucional del Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos alcanza, al menos en términos de ayudas anunciadas y presupuestos de programas identificados, 158,47 millones de euros desde 2019. Se trata de un dato que agrava aún más la humillación a los ciudadanos ceutíes que siguen sufriendo las consecuencias de la invasión sufrida desde finales de julio.
Esta cifra combina tres ayudas autorizadas o anunciadas de cooperación policial de Interior, por 92,37 millones, con nueve proyectos específicos de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (Fiap, antigua Fiiapp), valorados en otros 66,1 millones.
Las dos vías tienen naturaleza diferente: las ayudas dependen del presupuesto español; los proyectos canalizados por la Fiap están financiados por la Comisión Europea.
El análisis, hecho a partir de fuentes oficiales, muestra que el Consejo de Ministros autorizó en agosto de 2019 una ayuda de 32,36 millones de euros a Marruecos. El objetivo de esta subvención era contribuir a financiar el despliegue de las autoridades marroquíes contra la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata.
En mayo de 2021, en plena entrada masiva de personas en Ceuta, el ministro Fernando Grande-Marlaska defendió públicamente otra ayuda de 30 millones, presentada como parte de la cooperación policial presupuestada.
En octubre de 2022, el Ejecutivo autorizó una nueva aportación de 30 millones para despliegues operativos y mantenimiento de materiales de los servicios policiales del país vecino. Las autorizaciones y anuncios deben distinguirse de las transferencias finalmente efectuadas y justificadas.
En paralelo actúa la FIAP, fundación del sector público estatal vinculada a la política exterior española. Su principal programa para Marruecos arrancó en abril de 2019 con un presupuesto de 44 millones de euros y concluyó formalmente en diciembre de 2025. Buscaba reforzar la vigilancia terrestre y marítima, la gestión de fronteras y la cooperación frente a las redes de tráfico de inmigrantes. La ficha oficial atribuye su financiación a la Comisión Europea.
En febrero de 2026, comenzó otro programa de 15 millones, previsto hasta enero de 2030, para mejorar la coordinación contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de inmigrantes. Entre las instituciones participantes aparecen la Guardia Civil, el Ministerio de Justicia, Civipol y la Organización Internacional para las Migraciones. Solo estos dos proyectos migratorios representan 59 millones de presupuesto global, aunque una parte del segundo corresponde a actuaciones futuras.
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