La apertura de diligencias se produce tras el escrito remitido por el Gobierno regional a la Fiscalía el pasado 14 de octubre, en el que alertaba de expresiones dirigidas contra la presidenta en el ejercicio de sus funciones, incluidas amenazas graves en las que, según la denuncia, se deseaba su muerte y se incitaba a quemar su vivienda.
El Ejecutivo autonómico también puso en conocimiento de la Fiscalía los daños ocasionados en bienes públicos y elementos de valor histórico, cultural y monumental situados en la plaza, entre ellos la estatua del Oso y el Madroño y la fachada de la Real Casa de Correos.
El escrito recogía igualmente la presencia de pintadas, pegatinas y otros actos vandálicos cuyo contenido, según el Gobierno regional, tenía una naturaleza ofensiva y amenazante contra Ayuso.
Además, denunciaba desperfectos en el alumbrado público, farolas, marquesinas y pavimento de la plaza, con los correspondientes costes de reparación y limpieza.
Posibles delitos
Los hechos denunciados por el Gobierno regional podrían ser constitutivos de un delito de amenazas, previsto en el artículo 169.2 del Código Penal; un delito de injurias graves con publicidad, recogido en el artículo 208; y delitos de odio del artículo 510.2.
Asimismo, el Gobierno regional aludía a posibles delitos de daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, contemplados en el artículo 323 del Código Penal, y de daños, recogidos en el artículo 263.