El marido de la asesora de Begoña dirige un despacho de Ley de Nietos
David Arevalillo de la Torre es fundador y socio director general de A&A Estudio Jurídico, un despacho especializado en tramitar solicitudes de nacionalidad por la Ley de Nietos. Está casado con Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, procesada por malversación como cooperadora necesaria.
La causa guarda relación con el software para pymes desarrollado en la cátedra que dirigía la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense.
Hasta el año pasado, cuando terminó el plazo de solicitud, el despacho promocionó con frecuencia sus servicios en redes sociales, especialmente entre clientes de Hispanoamérica. Entre sus mensajes figuraban «si usted es nieto de un español originario estamos dispuestos a asesorarlo y llevarlo de la mano» para obtener la ciudadanía. También se presenta como experto en la defensa judicial de quienes ven denegada la nacionalidad por origen sefardí.
Arevalillo ofrecía agilizar los trámites frente a «consulados desbordados», donde la espera podría alargarse «durante décadas». En una entrada de su blog sostenía que «el problema no es el derecho reconocido por la ley, sino su ejecución práctica», y animaba a actuar frente al «silencio» de la Administración.
En una entrevista en Unión Radio Noticias, de Venezuela, aseguró que sería «una oportunidad fantástica», «no sólo para nietos, sino incluso para bisnietos». Según su web, el despacho cuenta con alianzas con otros despachos del continente americano para atender a la «fidelización» de sus clientes latinoamericanos.
Arevalillo confirmó el vínculo con Álvarez. Aseguró, sin embargo, que el despacho apenas ha gestionado solicitudes por la Ley de Nietos, pese a la promoción que hacía de ese servicio. Tras la consulta, el perfil del despacho en redes sociales fue eliminado.
La Ley de Nietos, formalmente Ley de Memoria Democrática, está en el punto de mira por su efecto en los comicios del 29 de noviembre. Miles de personas fueron nacionalizadas sin acreditar documentalmente que sus ascendientes se exiliaron. El Tribunal Supremo ha suspendido el derecho de voto de los 163.020 nacionalizados por esta vía inscritos en el CERA, que no podrán votar salvo que acrediten el exilio de sus antepasados.
Álvarez, por su parte, está procesada por sus gestiones vinculadas a la actividad de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Entre ellas, la ayuda en numerosos actos de la cátedra de Transformación Social Competitiva.
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