El Gobierno aprobó una orden en 2025 que le da acceso exclusivo a la evolución del voto por correo durante la campaña
El Consejo de Ministros aprobó una orden el 2 de diciembre de 2025 que concede al Gobierno de Pedro Sánchez acceso a información exclusiva sobre la evolución del voto por correo durante la campaña. Moncloa está recibiendo datos en tiempo real sobre el nivel de movilización de cada territorio que le permiten efectuar proyecciones de participación extremadamente precisas. Con esos registros, el PSOE puede rediseñar su estrategia de campaña diariamente para concentrar sus esfuerzos en las zonas en las que tiene mayor capacidad de mejora, según ha confirmado ElConfidencial.
Será la primera vez que un Ejecutivo concurra a unas elecciones generales con esta información tan decisiva en su poder. La instrucción fue impulsada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y exige a la empresa pública Correos que proporcione diariamente al Ministerio del Interior todas las cifras sobre las solicitudes de voto postal que están tramitando sus oficinas y el número de papeletas finalmente emitidas por los ciudadanos.
Ningún otro organismo ni institución, ni siquiera la Junta Electoral Central, recibe esta información. Tampoco el Partido Popular o el resto de formaciones pueden consultar esos datos para averiguar el nivel de movilización y reorientar sus campañas a las demarcaciones de mayor interés. De hecho, sobre el papel, los datos de Correos tampoco pueden llegar al PSOE. Pero el Gobierno de Sánchez ya ha sido sancionado cinco veces por la Junta Electoral Central por hacer un uso partidista de actos y recursos institucionales y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ocupa el puesto cinco en la lista del PSOE por Madrid.
El BOE publicó la orden del Consejo de Ministros el 17 de diciembre de 2025. La directriz tenía por objeto fijar las "obligaciones de servicio público" que debía cumplir "el prestador del servicio postal universal [Correos]" con motivo de las elecciones autonómicas de Extremadura que se iban a celebrar el 21 de diciembre de ese año, pero también en todas "las elecciones que se convoquen durante 2026".
La controversia se centra en el punto segundo de la norma, que desarrolla el procedimiento del "Voto por correo de residentes en España". El departamento de Félix Bolaños introdujo un párrafo al final de la letra e) que establece que Correos "ofrecerá información diaria al Ministerio del Interior de la evolución de las solicitudes [del voto por correo], así como de la entrega de documentación al elector y de los envíos recibidos con destino a las mesas electorales [votos finalmente efectuados]".
La orden también fija que "estos datos se proporcionarán incluyendo información comparada de procesos anteriores". Es decir, que el Gobierno no solo está recibiendo información sobre el comportamiento de los electores en estos comicios, sino que tiene acceso a registros de convocatorias previas que le sirven para interpretar casi en directo el porcentaje de activación de la ciudadanía que se aprecia en cada una de las más de 61.000 mesas electorales que canalizarán el voto el 29-N.
Esos valores, cruzados con las encuestas internas que maneja Ferraz y el histórico de los resultados de cada centro electoral, conceden al PSOE una ventaja crucial con respecto a sus rivales. La dirección socialista puede reprogramar sus actos y enfocar su inversión publicitaria en las áreas geográficas menos receptivas a sus mensajes. Las estimaciones son tan detalladas que permiten tomar decisiones barrio a barrio.
Los números de Correos ya están fluyendo hacia Moncloa. El plazo de solicitud del voto por correo para los nacionales residentes en España se abrió el pasado 6 de octubre y terminará el próximo 19 de noviembre. Además, la fecha para el envío del voto concluye el 25 de noviembre. El Gobierno dispone de datos reales de participación desde hace tres semanas, mucho antes de que comience oficialmente la campaña, y seguirá obteniendo esta información reservada hasta el miércoles previo a las elecciones.
En ejercicios anteriores, la orden del Ministerio de Presidencia exigía a Correos que informara al Ministerio del Interior del "cumplimiento de las obligaciones recogidas" en este acuerdo de colaboración en las convocatorias electorales de manera periódica, y que la empresa postal presentara "un informe final una vez finalizadas las elecciones".
Sin embargo, esta obligación, que figuraba tradicionalmente en el punto decimocuarto de la orden y también aparece en la versión de 2026, se refiere únicamente a datos internos de Correos sobre los "medios personales y materiales" que ha empleado el operador público para cumplir con la función de empresa postal universal en los comicios. Nunca hasta ahora había exigido el Gobierno a Correos que le entregara cifras diarias desglosadas por mesas electorales sobre solicitudes de votos por correo y papeletas entregadas.
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